Caracas, 24 de mayo de 2022
Desde Sures, organización de derechos humanos, saludamos la decisión tomada por la administración Biden de autorizar las negociaciones y operaciones de empresas estadounidenses y europeas en Venezuela, tal como anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez el pasado martes 17 de mayo de 2022.
Se trata de una medida adoptada en el marco del reciente acercamiento de Washington al gobierno venezolano que permitirá la mejora de las condiciones de vida de la población venezolana en su conjunto y contribuirá al reinicio del proceso de diálogo político entre el gobierno nacional y un sector democrático de la oposición en México, espacio interrumpido por la extradición ilegal a territorio estadounidense del diplomático Alex Saab en octubre de 2021.
Si bien esta acción es un paso orientado en la dirección correcta, como organización de derechos humanos reiteramos y continuaremos denunciando que las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra cualquier país constituyen una violación del Derecho Internacional Público y una vulneración de los derechos humanos de las poblaciones civiles, especialmente los referidos a la vida, a la salud y al desenvolvimiento adecuado de su vida cotidiana.
El régimen coercitivo impuesto contra Venezuela ha devenido en un bloqueo económico, financiero y comercial que le impide al Estado venezolano acceder a medicinas, insumos de salud y forma directa a los sectores más vulnerables de la población, tal como ha sido reconocido por el Secretario General, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y diferentes relatores especiales y expertos independientes de las Naciones Unidas.
Además, ha ocasionado un fenómeno inédito en la historia de Venezuela como lo es la dinámica migratoria que se registró con mayor magnitud en el período 2015-2019, resultado de los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en la economía nacional, la precarización de los servicios públicos a causa de la pérdida de ingresos de la República, la promoción de la emigración por actores extranjeros adversos al gobierno nacional y los episodios de violencia política que tuvieron su mayor pico entre los años 2014 y 2017.
A pesar de este difícil escenario, el pueblo venezolano ha demostrado una estoica resistencia ante el recrudecimiento de las agresiones imperialistas que buscan socavar su integridad física, psicológica y moral, desarrollando estrategias adaptativas a las circunstancias impuestas e ideas productivas para avanzar hacia la recuperación económica. Asimismo, las políticas gubernamentales adoptadas en este período han permitido el incremento de la producción nacional; la recuperación de la capacidad de los servicios públicos; la superación del contexto hiperinflacionario; el incremento de la exportación de productos no convencionales y el incremento de la producción petrolera.
En este sentido:
1. Solicitamos al gobierno de Estados Unidos el levantamiento absoluto de las medidas coercitivas unilaterales dictadas en contra de Venezuela desde el 2014.
2. Instamos a todas las partes involucradas en el proceso de diálogo alto nivel priorizar la atención de los temas sociales que son de interés del pueblo venezolano por encima de intereses particulares y/o partidistas de cara a garantizar el bienestar, la felicidad y la seguridad del conjunto de la sociedad.
3. Exhortamos a los organismos multilaterales, gobiernos regionales y demás partes involucradas a construir una agenda conjunta con el gobierno venezolano para la atención de la población migrante venezolana que se encuentra en el exterior en condiciones precarias y con deseos de retornar a su país de origen, así como solicitamos dejar de hacer un uso político de esta población pues se trata de un movimiento poblacional transfronterizo originado por las dificultades internas que impuso el recrudecimiento del bloqueo económico contra el país.
4. Reafirmamos que el proceso de diálogo no debe implicar la impunidad de las personas responsables de promover y solicitar la ejecución de las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, pues éstas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.