Intervención en la Adopción del 3er Informe del EPU de Venezuela

La organización social Sures, acreditada por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, participó en la sesión de adopción del Tercer Informe del Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela. La Abogada María Lucrecia Hernández, directora de Sures. Estudio y Defensa en Derechos Humanos, realizó su intervención como oradora de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela:

La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) destaca el proceso de elaboración del tercer informe del Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela, y la amplia participación de la Sociedad Civil con 174 informes.

Acogemos con beneplácito que el Estado haya asumido el compromiso de examinar las 328 recomendaciones recibidas, y aceptado 221, lo que representa un alto porcentaje de las mismas, para la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Igual saludamos que hayan asumido 12 compromisos voluntarios, entre los que destacamos el fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas del sistema de justicia para garantizar una justicia gratuita, accesible e imparcial.

Nos complace que el Estado haya tomado nota sobre la necesidad de seguir fortaleciendo el proceso de ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como se ha venido realizándolo en los últimos años.

A pesar de que Venezuela desde hace 6 años viene siendo objeto de medidas coercitivas unilaterales aplicadas de manera sistemática, y que han impactado negativamente en la calidad de vida de toda la población, y obstaculizado el derecho al desarrollo, fundamentalmente durante la pandemia, el Estado, junto a la cooperación del sistema de Naciones Unidas, ha dado un ejemplo al mundo del manejo responsable y eficiente de la pandemia, tal como muestran los bajos números de casos reportados. Para finalizar solicitamos al Estado venezolano seguir profundizando la transformación del Sistema de Justicia emprendida con la cooperación de las Naciones Unidas, así como la implementación efectiva de las reformas legislativas y jurídicas con un enfoque de derechos humanos.