Ante las manifestaciones convocadas y desarrolladas en Nicaragua por organizaciones sociales, asociaciones de empresarios privados y partidos políticos de oposición para expresar su opinión en contra de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno democrático, legítimo y constitucional de Daniel Ortega, 47 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas manifestaron a través de un Comunicado Público el 27 de abril de 2018 que:

  • Han podido constatar que algunos de estos sectores han ejecutado acciones de violencia con fines políticos en contra de la vida e integridad de las personas, centros de educación, servicios de salud, transporte y comunicación, así como contra infraestructura del Estado, bienes públicos y privados.
  • Se han registrado presuntos casos de desviaciones de actuación de integrantes de los órganos de seguridad ciudadana que pudieran configurar violaciones a los derechos humanos.
  • Hasta la fecha no se han concluido las investigaciones para determinar la verdad de lo ocurrido y las responsabilidades por estos hechos. Sin embargo, de un examen prima facie de la información, parecería que las responsabilidades de estas violaciones a los derechos humanos se encuentran compartidas entre algunos hechos aislados cometidos presuntamente por agentes estatales, y actores privados, incluyendo a personas que participan en las manifestaciones y quienes han ejecutado acciones de violencia política. En este sentido, se ha podido constatar casos evidentes de abusos policiales, que contravienen los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública, y que no representan una política de Estado, sino que por el contrario infieren hechos aislados que deben ser investigados y sancionados. Al tiempo que se ha observado a grupos de personas que ejecutan actos de violencia política, mediante el uso de bombas incendiarias, explosivos artesanales y armas de fuego, que por la forma de despliegue se encuentran claramente entrenados en acciones militares y cuentan con una logística planificada contra el gobierno constitucional y las instituciones democráticas de Nicaragua.
  • Algunas de las organizaciones vinculadas a las manifestaciones y los actos de violencia política han reconocido públicamente que reciben financiamiento del gobierno de EE.UU, lo que implica una injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense.
  • Que genera gran preocupación que estos hechos, resultan extrañamente similares a los sucesos de violencia política y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los años 2006, 2013, 2014 y 2017, pues coinciden los mismos patrones de acción y violencia, los actores sociales, las víctimas, el financiamiento de EE.UU. y las matrices de opinión de los medios de comunicación privados internacionales y de las redes sociales.

Ante estas circunstancias, las organizaciones de derechos humanos expresaron que:

  1. Todos los Estados deben reconocer, respetar y proteger el derecho humano de todas y todos a manifestar libremente, de forma pacífica y sin armas.
  2. Que las personas que participan en las manifestaciones se encuentran en el deber ciudadano de hacerlo de forma pacífica, respetando los derechos de las demás personas y el debido funcionamiento de los servicios públicos, así como los principios de una sociedad democrática.
  3. Condenan todas las formas de violencia contra las personas y los servicios públicos, por lo que exhortaron a todas las partes a buscar espacios de resolución pacífica de sus conflictos que privilegien el dialogo y el entendimiento nacional.
  4. Quedaran atentos a las investigaciones que desarrolla el Sistema de Justicia nicaragüense sobre las violaciones a los derechos humanos durante estos sucesos.
  5. Hicieron un llamado a todos los Estados del mundo, particularmente al gobierno de EE.UU. y sus aliados, a que respeten el derecho humano del Pueblo nicaragüense a su libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos.