Más de 60 organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales y asociaciones de juristas de todo el mundo denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Golpe de Estado ocurrido en Venezuela el 23 de enero de 2019, cuando Juan Gerardo Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional en desacato, se autoproclamó y autojuramentó “Presidente Interino” de Venezuela, violando los principios de un Estado de derecho, la Constitución y la decisión soberana del pueblo venezolano, que el pasado 20 de mayo de 2018 expresó su voluntad en las urnas eligiendo a Nicolás Maduro como Presidente.

Las organizaciones venezolanas Sures, Embajada de Derechos Humanos, Genero con Clase, Frente Francisco de Miranda, Fundación de Víctimas del Sicariato Campesino, entre muchas otras, manifestaron su preocupación a la Comisión por la medida cautelar otorgada a favor de Juan Gerardo Guaidó Márquez, siendo el principal impulsor del Golpe de Estado y de la incitación a la violencia en el país.

Asimismo se destaca que la CIDH no dado curso con la misma celeridad a las solicitudes que varias organizaciones han realizado en torno a distintas situaciones que ocurren en Venezuela, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales dictadas contra el país, que han causado el sufriendo del pueblo venezolano y representan una grave violación a los DDHH.

Se insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse en contra del Golpe de Estado y no reeditar el accionar del Secretario General de la OEA, cuando en 2002 no reconoció el Golpe de Estado realizado por Pedro Carmona Estanga, Presidente de la patronal Fedecámaras, contra el Presidente Hugo Chávez, como tampoco legitimar la actuación del actual Secretario General Luis Almagro, de reconocer un “presidente interino” en Venezuela, toda vez que carece de bases constitucionales y se realiza en contravención a las leyes del país, ya que no se verifican ninguno de los supuestos que permiten al presidente del órgano legislativo asumir temporalmente la presidencia del país.

Por último, las distintas asociaciones de juristas de todo el mundo, como la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, las asociaciones de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, entre otras, llamaron la atención a la Comisión de respetar la Carta de la OEA y asumir una actuación imparcial apegada a los estándares internacionales de derechos humanos; igualmente a pronunciarse condenando el Golpe de Estado.