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La Red Venezolana de Derechos Humanos presentó un informe denunciando las medidas coercitivas unilaterales (MCU) aplicadas contra la República Bolivariana de Venezuela ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal que evaluará a los Estados Unidos en el marco de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La consignación del informe tuvo lugar el pasado 03 de octubre de 2019 y servirá como insumo complementario para la revisión en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de mayo de 2020, acerca del cumplimiento de los DDHH por parte de Estados Unidos.

“Queremos manifestar nuestra gran preocupación, ya que a partir del año 2014, con la aprobación de la Ley 113-278 titulada ‘Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil’, del Congreso de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela viene siendo objeto de una serie de medidas coercitivas impuestas unilateralmente por los Estados Unidos”, reza la comunicación presentada.

 En su informe, la red alertó el carácter injerencista inherente a este instrumento extraterritorial, el cual prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa en territorio estadounidense a realizar cualquier tipo de transacción con el Estado venezolano, estableciendo, además, medidas restrictivas al Banco Central de Venezuela (BCV), máxima autoridad en materia de política monetaria en el país sudamericano.

La Ley 113-278 “contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, advierte la agrupación que reúne a más de 10 vocerías,  y constituye el argumento jurídico sobre el cual se instrumentan medidas que generan “un impacto especialmente grave sobre el disfrute y ejercicio de los derechos humanos” de la población venezolana.

Con base a esta ley, los presidentes de los Estados Unidos han dictado siete (7) Órdenes Ejecutivas para ampliar el embargo contra Venezuela, en las cuales se sientan la posibilidad de una intervención en el país; prohibición al acceso del sistema financiero internacional para realizar cualquier operación de compra, venta o negociación de la deuda soberana de Venezuela; obstaculiza las operaciones de comercialización del oro venezolano y se bloquean los activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en los Estados Unidos.

La red denuncia que las MCU han restringido la actividad de 43 buques (la mayoría propiedad de la estatal petrolera),  2 aviones, 96 empresas privadas y públicas, entre las que destacan 6 bancos estatales, así como la capacidad del Estado para la importación de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad para la población en general. También presenta evidencias sobre el grado de efectividad de los dictámenes en empresas privadas y estatales extranjeras que, ante las amenazas estadounidenses, “han negado, impedido o retrasado transacciones financieras y el pago (…) que habían sido oportunamente pagados” por Venezuela.

 El documento presentado ante ese organismo concluye que las MCU y el bloqueo económico contravienen un amplio número de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Por último, instan a declarar estas acciones como una violación masiva de los derechos humanos y a iniciar una investigación para determinar las responsabilidades por vulneración de los derechos humanos a las empresas financieras privadas que aplican de forma ilegal operaciones de retención y apropiación de los recursos públicos venezolanos.

El Consejo de Derechos Humano, a través del Examen Periódico Universal, revisa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de los 193 Estados Miembros que conforman las Naciones Unidas.

Actualmente, el Examen Periódico Universal (EPU) se encuentra en la mitad de su tercer ciclo de revisión (2017-2021). Además del informe nacional, los órganos de tratado y las INDDHH, la revisión contempla un resumen de la información presentada por parte de otros interesados.