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Ponente: María Lucrecia Hernández Vitar[1].

Un saludo para todas y todos, es un placer estar el día de hoy con ustedes y participar en este evento ya que representa una iniciativa de gran importancia destinada a visibilizar y a la vez condenar todas aquellas acciones y expresiones que promueven la discriminación contra personas por motivos de raza.

El día de hoy queremos plantear tres grandes problemas que se muestran en EE.UU. a partir del asesinato de George Floyd, pero que han sido una constante en la historia de ese país:

  • El primero tiene que ver con el racismo como una política de Estado y, una política estructural que se cimienta desde la constitución de esa Nación.
  • El segundo tiene relación con la debilidad del sistema de justicia de EE.UU., su falta de independencia y los criterios de selectividad sobre los que se asienta su actuación.
  • El tercero gira en torno a la idea supremacista y belicista de EE.UU. mediante la cual quiere imponer al mundo su racionalidad.

Lo primero que debemos empezar analizando son las bases constitucionales y legales en las que se cimienta esta Nación. Podemos ver que desde la Constitución de Estados Unidos se permite la esclavitud y el trabajo forzado, como castigo de un delito cuando el responsable haya sido declarado culpable, ello nos da la idea de que la esclavitud aun cuando está abolida se permite para cierto tipo de personas.

Asimismo, el país se construyó sobre los ideales raciales de supremacía blanca. 40 de los 56 fundadores que firmaron la Declaración de la Independencia, así como 10 de los 12 primeros presidentes, tenían esclavos. La Constitución no reconocía a los negros como seres plenamente humanos, ya que se contaba a las personas esclavizadas como tres quintas partes de una persona libre. Es decir, la ideología que sustenta el estado norteamericano está fundada en la idea de superioridad, y lo vemos también en la doctrina Monroe y en la del Destino manifiesto. Esta idea de supremacía blanca es lo que ha impulsado dos siglos de violencia racial contra los afroamericanos, mexicanos y chinos y los miles de linchamientos, asesinatos en masa y una presunción de peligrosidad y culpabilidad que persiste hasta la actualidad.

El racismo ha estado institucionalizado hasta hace muy poco, ya que hasta finales de SXX, en los Estados Unidos existía un régimen de apartheid, donde por ejemplo los negros no podían votar, también en algunos estados existía toque de queda a partir de ciertas horas de la noche; existía segregación territorial en los servicios básicos como transporte,  salud, educación, entre otros. Pero también había linchamientos menos conocidos en EE.UU., como por ejemplo contra los mexicanos americanos en los estados fronterizos con este país, o contra los chinos americanos en California y en otros estados del noroeste estadounidense, como el famoso linchamiento en 1870 documentado en el libro Expulsados: la guerra olvidada de Jean Praelzer, la masacre de Los Ángeles contra 500 personas de nacionalidad china, entre los que se encontraban niños, niñas y adultos.

La historia de EE.UU. da cuenta que todos los grupos organizados que buscaban la liberación de los afroamericanos fueron perseguidos, criminalizados, encarcelados y muertos, como ocurrió por ejemplo con la persecución y genocidio contra las Panteras Negras, o los asesinatos de Luther King y Malcon X. Solo por mencionar algunos datos, entre 1880 y 1968 hubo 4700 linchamiento contra personas afroamericanas en ese país, sin contar los hechos contra las poblaciones mexicanas y chinas.  Al mismo tiempo que se perseguía estos grupos y líderes, se permitía, avalaba y promovía los grupos de supremacía blanca.

Lo que ocurre en EE.UU. con los afroamericanos y otras minorías de ese país, como los latinoamericanos, asiáticos y árabes, forma parte de una política de Estado, de una política estructural que aúpa la discriminación, la xenofobia y el racismo. Forma parte de las ideas y filosofía de los llamados Padres Fundadores, sobre las cuales se cimientó la construcción del Estado norteamericano. Hoy, las minorías continúan sufriendo el terror racial mediante la violencia auspiciada por el Estado desde hace más de dos siglos.

Esta foto muestra el cuerpo de Rubin Stacy, que cuelga de un árbol en Florida, en 1935 cuando estaba bajo custodia de los ayudantes del sheriff, acusado de «atacar» a una mujer blanca, tiene algunas similitudes con lo que ocurrió con Floyd, aun cuando lo ocurrido con Floyd fue un linchamiento moderno, legalizado, ambos fueron realizados a la luz pública por parte de la autoridad y lo que quería era aleccionarse a los de su mal llamada “raza”, mostrar la «deshumanización» de los afroamericanos, y esto es un denominador común de los incidentes recientes ocurridos en ese país.

Pero también este sistema racista se manifiesta en las políticas públicas y esto lo vemos en las prioridades que tiene EE.UU., que con su poderío militar puede destruir este planeta varias veces, no tiene como defenderse de un virus porque no produce guantes, ni mascarillas, ni ventiladores, ni tiene un Estado que pueda mostrar la protección de la vida humana primero y la economía después: la única manera de resolver las políticas sociales es matando, dejando morir a los que no son productivos. ¿Quién muere en Nueva York?: los afroamericanos, los latinoamericanos y quienes están empobrecidos.

Estas disparidades raciales también las vemos en los sistemas sociales, como la vivienda, la educación y la atención médica donde resulta indispensable formular políticas que contrarresten los efectos a largo plazo de este racismo estructural.

En este sentido, como organización de derechos humanos, rechazamos toda política de Estado,  destinada a crear y fijar estereotipos despectivos, elaboración de perfiles negativos y estigmatización de personas en razón de su fenotipo, incompatibles con las obligaciones que les incumben de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Creemos de gran importancia que se presente el informe encargado a la Alta Comisionada para los derechos humanos en junio de 2020 sobre el racismo sistemático y las violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra los africanos y afroamericanos por parte de las fuerzas del orden, especialmente las que dieron como resultado la muerte de George Floyd y de otras personas de este colectivo.

El segundo punto que queremos abordar, tiene que ver con las debilidades y la falta de independencia de su sistema de justicia y del sistema penal. Es necesario denunciar la violencia policial,  el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, el uso de armas no reglamentarias por parte de los cuerpos policiales y las más de 3.000 detenciones que se sucedieron en esos días, como también la militarización de las ciudades.

La muerte de Floyd es la más reciente, en un largo historial de asesinatos de personas afroamericanas por parte de la policía en EE.UU. con poca o ninguna clase de rendición de cuentas o accountability.

Numerosos estudios han revelado importantes disparidades raciales en las tasas de detenciones y registros policiales. Una encuesta reciente encontró que en el 95 por ciento de los departamentos de policía de EE.UU. la tasa de arrestos de personas afroamericanas era más alta que la de personas blancas, a veces con una frecuencia hasta 10 veces mayor, a pesar de que se trata de una minoría de la población.

En un estudio reciente realizado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago encontró que ningún departamento de policía en las 20 ciudades más grandes de EE. UU. cumple con los estándares mínimos de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza letal. Y ello, además de violar la Cuarta Enmienda al usar fuerza excesiva, también viola el derecho a la libertad de expresión regulado en la Primera Enmienda, con las más 3000 detenciones.

En este sentido, expresamos nuestro profundo repudio al racismo que persiste en el funcionamiento de los sistemas penales y en la aplicación de la ley, así como la violación de las leyes y los estándares consagrados en las normas de derecho internacional y en particular en la declaración de Durban.

Por ello, es fundamental dar cumplimiento a la solicitud que realizaran varios expertos independientes del sistema de la ONU para que se emprenda investigaciones independientes que garanticen la rendición de cuentas en todos los casos en los que la policía haya hecho un uso excesivo de la fuerza en EE.UU.

Como tercer y último aspecto, queremos solo hacer una referencia al racismo que se expresa en la política exterior de EE.UU., y ello lo vemos en las guerras genocidas contra culturas que consideran inferiores, incivilizadas o bárbaras, como por ejemplo en las guerras contra Afganistán, Irak o Libia.  

Estas invasiones militares se han desarrollado en un contexto en el cual se desprecia y subestima el valor de la vida de millones de personas simplemente porque pertenecen a culturas diferentes. Esto es también una clara expresión del supremasismo blanco sobre el cual se fundó el Estado norteamericano, del dogma del destino manifiesto, del odio hacia la otredad y del desprecio absoluto al principio de la igualdad de los Estados y de los Pueblos. En otras palabras, es simplemente la expresión en el plano de las relaciones internacionales de la actuación que tiene el gobierno norteamericano a lo interno de su país.

Desde Sures, desde Venezuela, llamamos a la reflexión porque, más allá del hecho de que el racismo esté ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xenofobia están tratando de volver a adquirir reconocimiento político, moral e incluso jurídico, por parte plataformas de algunas organizaciones y partidos políticos o la difusión de ideas basadas en el concepto de la superioridad racial.

Para finalizar, queremos solidarizarnos con las luchas de los cientos de miles de manifestantes que están haciendo perseguidos por el gobierno norteamericano por levantar sus voces para demostrar que la vida de los ciudadanos negros también importa. Muchas gracias.


[1] María Lucrecia Hernández Vitar. Abogada, magister en derecho penal y procesal penal por la Universidad de Barcelona, España. Magister en Sistema penal y problemas sociales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Especialista en derechos humanos y estudios críticos del derecho por la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas. Integrante de la Asociación Americana de Juristas y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Activistas desde hace más de 25 años por los derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora de la organización social Sures, dedicada al estudio y la defensa de derechos humanos.