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Ante las manifestaciones convocadas y desarrolladas en Nicaragua por organizaciones sociales, asociaciones de empresarios privados y partidos políticos de oposición para expresar su opinión en contra de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno democrático, legítimo y constitucional de Daniel Ortega, 47 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas manifestaron a través de un Comunicado Público el 27 de abril de 2018 que:

Han podido constatar que algunos de estos sectores han ejecutado acciones de violencia con fines políticos en contra de la vida e integridad de las personas, centros de educación, servicios de salud, transporte y comunicación, así como contra infraestructura del Estado, bienes públicos y privados.

Se han registrado presuntos casos de desviaciones de actuación de integrantes de los órganos de seguridad ciudadana que pudieran configurar violaciones a los derechos humanos.

Hasta la fecha no se han concluido las investigaciones para determinar la verdad de lo ocurrido y las responsabilidades por estos hechos. Sin embargo, de un examen prima facie de la información, parecerá que las responsabilidades de estas violaciones a los derechos humanos se encuentran compartidas entre algunos hechos aislados cometidos presuntamente por agentes estatales, y actores privados, incluyendo a personas que participan en las manifestaciones y quienes han ejecutado acciones de violencia política. En este sentido, se ha podido constatar casos evidentes de abusos policiales, que contravienen los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública, y que no representan una política de Estado, sino que por el contrario infieren hechos aislados que deben ser investigados y sancionados. Al tiempo que se ha observado a grupos de personas que ejecutan actos de violencia política, mediante el uso de bombas incendiarias, explosivos artesanales y armas de fuego, que por la forma de despliegue se encuentran claramente entrenados en acciones militares y cuentan con una logística planificada contra el gobierno constitucional y las instituciones democráticas de Nicaragua.

Algunas de las organizaciones vinculadas a las manifestaciones y los actos de violencia política han reconocido públicamente que reciben financiamiento del gobierno de EE.UU, lo que implica una injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense.

Que genera gran preocupación que estos hechos, resultan extrañamente similares a los sucesos de violencia política y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los años 2006, 2013, 2014 y 2017, pues coinciden los mismos patrones de acción y violencia, los actores sociales, las víctimas, el financiamiento de EE.UU. y las matrices de opinión de los medios de comunicación privados internacionales y de las redes sociales.

Ante estas circunstancias, las organizaciones de derechos humanos expresaron que:

Todos los Estados deben reconocer, respetar y proteger el derecho humano de todas y todos a manifestar libremente, de forma pacífica y sin armas.

Que las personas que participan en las manifestaciones se encuentran en el deber ciudadano de hacerlo de forma pacífica, respetando los derechos de las demás personas y el debido funcionamiento de los servicios públicos, así como los principios de una sociedad democrática.

Condenan todas las formas de violencia contra las personas y los servicios públicos, por lo que exhortaron a todas las partes a buscar espacios de resolución pacífica de sus conflictos que privilegien el dialogo y el entendimiento nacional.

Quedaran atentos a las investigaciones que desarrolla el Sistema de Justicia nicaragüense sobre las violaciones a los derechos humanos durante estos sucesos.

Hicieron un llamado a todos los Estados del mundo, particularmente al gobierno de EE.UU. y sus aliados, a que respeten el derecho humano del Pueblo nicaragüense a su libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos.