Caracas, 18 de febrero de 2022
Desde Sures, organización de derechos humanos, queremos expresar nuestro profundo rechazo, y preocupación ante las lamentables declaraciones emitidas por la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el pasado 17 de febrero, durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, mediante las cuales afirma que Colombia no puede “seguir asimilando” migrantes venezolanos, dado que al país han llegado los “sectores menos pudientes y calificados”.
Durante una sesión virtual del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que: “es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela”.
Su mensaje contrastó con el tono que suele usar el Gobierno de Iván Duque en torno a la implementación del Estatuto Temporal de Protección que ha echado a andar para regularizar a 1,7 millones de venezolanos que ya se encuentran en Colombia, y contradice el financiamiento recibido por más de 800 millones de dólares por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la inclusión social y la económica de los migrantes venezolanos en Colombia. Contrario a lo manifestado por la funcionaria, la violencia en Colombia, tiene su origen en el conflicto armado interno del que es víctima la población colombiana desde hace 50 años, y que lo convierte en el país con el mayor número de personas desplazadas internamente en el mundo (con cerca de 8 millones), las cuales han tenido que huir forzadamente de sus territorios ancestrales para preservar sus vidas ante la violencia sistemática y generalizada ejercida por grupos armados.
Cabe señalar que estas declaraciones constituyen un acto de discriminación y racismo, los cuales se encuentran prohibidos en diferentes instrumentos internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. Asimismo, solo promueven y
refuerzan el odio y la exclusión por parte de las comunidades locales hacia las poblaciones inmigrantes, lo que puede derivar en violaciones masivas de los derechos humanos de la población migrante venezolana que, como consecuencia de los efectos devastadores del esquema de medidas coercitivas unilaterales sobre la vida económica y política venezolana, decidieron migrar en busca de una mejor calidad de vida.
Llama la atención que, ante tales irresponsables declaraciones, hasta el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmara que teniendo en cuenta que Colombia ha acogido a un gran número de venezolanos, sería necesario que se considere restablecer de alguna forma las relaciones con el gobierno del Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, “y no seguir pensando que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela”.
Hacemos un llamado a las autoridades colombianas a atemperar su discurso y a dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos, absteniéndose de emitir descalificaciones respecto a la migración venezolana por el solo hecho de su condición socioeconómica, incrementando los riesgos de quienes que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, responsabilizamos a la Sra. Marta Lucía Ramírez, por el incremento de acciones xenófobas y discriminatorias en contra de la población venezolana migrante en la República de Colombia que se puedan derivar de sus declaraciones.