COMUNICADO EN RESPALDO AL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
Caracas, 01 de agosto de 2022
Desde Sures, organización de derechos humanos, saludamos con beneplácito la decisión adoptada por los gobiernos de Colombia y de Venezuela de avanzar hacia un proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales a todo nivel, tal como fue anunciado el pasado 28 de julio desde el estado Táchira por los Ministros Álvaro Leyva Durán y Carlos Faría.
En dicha comunicación ambas autoridades expresaron la voluntad de construir una agenda de trabajo común para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto, con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares.
Asimismo, ratificaron su disposición para consolidar los lazos de cooperación con la revisión de los temas de interés binacional en beneficio de las poblaciones de ambos países, y reafirmaron su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera binacional.
Desde nuestra organización acompañamos todos los esfuerzos y espacios de encuentro que se generen entre ambas representaciones que permitan la coordinación para la adopción de planes de retorno voluntario para los migrantes venezolanos en Colombia que así lo soliciten y de garantía de un trato digno, en igualdad de oportunidad y en resguardo de los derechos humanos de las personas venezolanas que decidan permanecer en territorio colombiano.
Saludamos la decisión del presidente electo Gustavo Petro de devolver la administración de la empresa estatal venezolana Monómeros al gobierno venezolano, activo estatal que fue confiscado por la administración de Iván Duque en el marco de la intensa campaña de sanciones implementada contra Venezuela entre los años 2015 y 2019.
Como organización orientada a la defensa de los derechos humanos, instamos a que la agenda común de trabajo de Colombia y Venezuela priorice a las personas migrantes venezolanas y a las comunidades fronterizas, en la consideración de la compleja dinámica de movilidad humana que se registra entre ambos países, del contexto de amenaza de violencia armada que enfrentan y del cuadro de precariedad al que está sujeto un importante porcentaje de venezolanos en territorio colombiano. Asimismo, en la oportunidad de permitir la participación real y efectiva de las poblaciones de la frontera en aras de alcanzar acuerdos comunes para la transformación y seguridad de esas regiones.