Informe especial. Medidas coercitivas unilaterales y bloqueo económico, financiero y comercial: impacto en los derechos humanos. 2019
A partir del año 2014 la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de una serie de sanciones impuestas unilateralmente por varios países de Norte América y Europa que ha generado un impacto especialmente grave sobre el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de su población. En este Informe Especial se presenta un estudio sobre estas medidas coercitivas y sus efectos. Para ello, se detalla de forma cronológica las sanciones impuestas, su base jurídica, alcance y su relación con el Derecho Internacional Público y el Derecho de los Derechos Humanos.
Es fundamental destacar que todas las actuaciones de los Estados que han impuesto estas sanciones giran en torno a la aprobación de una Ley Pública en el Congreso de los Estados Unidos de Norte América en diciembre de 2014, durante la administración del señor Barack Hussein Obama: la Ley 113-278 titulada “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil”. La importancia de este instrumento jurídico es que dicta la línea de acción para la política del gobierno de los Estados Unidos de Norte América hacia Venezuela, que también ha marcado la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación, hayan adoptado en los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su contra.
La Ley 113-278 incluye un conjunto de sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, pero adicionalmente prevé expresamente “trabajar” con los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos.