El 27 de febrero de 2018, la CIDH en su 167º período de sesiones en Bogotá realizó una audiencia temática sobre “empresas privadas y de derechos humanos en Venezuela”, solicitada y coordinada por Sures, Fundalatin, Centro Juvenil de Derechos y Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta audiencia estuvo enmarcada dentro de la estrategia regional de avanzar en la construcción de estándares y normas internacionales que visibilicen y regulen la responsabilidad de agentes no estatales en materia de amenazas y violaciones a los derechos humanos, particularmente de las empresas privadas nacionales y trasnacionales.

Por parte de las Organizaciones solicitantes acudió María Lucrecia Hernández Vitar, Directora Ejecutiva de Sures, quien presentó una descripción general del abordaje político y jurídico de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos en la Organización de Estados Americanos y en la Organización de Naciones Unidas. Así, se logró evidenciar cómo estos actores privados que muchas veces ejercen un poder fáctico superior a muchos Estados, han sido históricamente invisibilizados para ocultar su verdadera participación en graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, recalcó la necesidad superar los viejos paradigmas liberales de los derechos humanos que centran exclusivamente en los Estados la responsabilidad internacional para su respeto, garantía y protección, para progresar y establecer nuevas normas y criterios jurídicos en el Derecho Internacional Público que permitan abordar adecuadamente esta situación, a los fines de asegurar que las empresas privadas puedan ser declaradas responsables de tales hechos y asumir sus consecuencias, incluyendo muy especialmente a la reparación integral de las víctimas.

Para comprobar la importancia de estos planteamientos, se denunciaron casos concretos de violación a los derechos a la vida, igualdad y no discriminación, salud, alimentación, trabajo y ambiente en Venezuela, cuya responsabilidad debe atribuirse directa mente a empresas privadas nacionales y extranjeras que hacen vida en nuestro país. Entre ellos podemos mencionar:

  • Las denuncias que se presentaron contra la empresa Coca Cola y Pepsi Cola por el vertido de líquidos azucarados al lago de Valencia, produciéndose grandes problemas de contaminación en esa zona, lo que llevo a la empresa FEMSA Coca Cola a instalar una planta de tratamiento de aguas en esa zona.
  • Las denuncias por discriminación a causas de raza, socioeconómicas y religiosas en escuelas privadas religiosas donde se discrimina a niños que son de otras religiones; igualmente la condición socioeconómica es verificada a través de los exámenes que se realiza a los estudiantes y su núcleo familiar al momento de su ingreso; como también existe una discriminación contra las personas con discapacidad limitándose el ingreso en las escuelas integrales.

Las denuncias en el ámbito de las empresas privada prestadoras del servicio de salud donde desde hace algunos años se ha venido intensificando la práctica de supeditar el ingreso a las clínicas a pacientes en estado de emergencia a la aprobación de una clave de ingreso que les debe proporcionar la empresa aseguradora contratada por el paciente.