En horas de la tarde del día martes 14 de septiembre, diversas organizaciones hicieron entrega del Llamamiento conjunto a las Naciones Unidas a favor del levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, a las autoridades competentes de las Naciones Unidas, en el marco de la inauguración del 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
La entrega fue realizada por la directora de la Organización No Gubernamental SURES, la abogada María Lucrecia Hernández, quien estuvo acompañada de Aura Rosa Hernández, Daymar Martes y Erick Gutiérrez, representantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos y la Asociación Venezolana de Juristas (AVJ), respectivamente.
El llamamiento, contentivo de más de 800 firmas de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y personalidades de diversos países, denuncia ante la ONU los mecanismos de coacción que se vienen aplicando desde el año 2014 contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, ocasionando graves afectaciones en el acceso a la salud, el comercio, los combustibles, los servicios y las condiciones normales de la vida cotidiana de las personas en el país caribeño.
Asimismo, el llamamiento insta a las autoridades de Naciones Unidas, específicamente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, a que intercedan con celeridad para levantar las medidas coercitivas unilaterales que han devenido en un bloqueo económico contra el país, asfixiando a su población, lo que además se agudiza en tiempos de pandemia de COVID-19.
Mediante le documento entregado a Naciones Unidas el día de hoy, las más de 800 organizaciones y personalidades firmantes se solidarizan con el pueblo venezolano y levantan su voz para exigir el fin de las medidas de extorsión y coacción contra gobiernos y pueblos, enarbolando el artículo 7 del Estatuto de Roma, que reza que “bloquear financieramente a un país constituye un Crimen de Lesa Humanidad”. Los firmantes hacen un llamado de solidaridad y sindéresis desde todos los continentes, con la mirada puesta en el bienestar de la población venezolana, citando la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU que estatuye “la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna”.