La República Bolivariana de Venezuela no pudo participar en la más reciente votación de la Asamblea General porque en enero de 2022 le fue suspendido su derecho a voto para el 76º período de sesiones. La normativa del organismo multilateral establece que los Estados miembros son los responsables de sufragar los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General (Art. 17), suspendiéndose el derecho a voto en el pleno a aquellos países que se encuentren en mora en el pago de sus cuotas financieras por una suma adeudada que sea igual o superior al total de las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores (Art. 19).
Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela adeuda a la Organización un total de $39.850.761, los cuales no han podido ser cancelados a causa de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por las agencias del gobierno de Estados Unidos, impidiéndole al país honrar su compromiso financiero de la membresía 2021.
En junio de 2020, la representación diplomática de Venezuela ante el Organismo solicitó al Secretario General ampliar sus esfuerzos para permitir al país honrar sus compromisos financieros, imposibilitados por las medidas coercitivas unilaterales que recaen sobre las finanzas del país. En ese momento, el embajador Samuel Moncada informó que Venezuela intentó obtener una exención del Comité de Contribuciones de la Asamblea General de pago de las cuotas, pero que la iniciativa fue bloqueada por Estados Unidos y Reino Unido.
Desde entonces, las autoridades venezolanas han manifestado su voluntad política y financiera de cumplir las obligaciones con la Organización, solicitando al organismo buscar soluciones financieras que permitan transferir los fondos correspondientes de modo seguro, y en la consideración de las circunstancias que las potencias occidentales le imponen al país en un intento de limitar el ejercicio de sus derechos y privilegios en las Naciones Unidas.
