Sures manifestó ante el Comité de Derechos Humanos su profunda preocupación por los graves efectos de la aplicación sistemática, intencional y generalizada de medidas coercitivas unilaterales, y su impacto indiscriminado en los derechos humanos de la población venezolana. En particular, se hizo hincapié en el derecho a la vida y a la integridad física de grupos de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Durante la sesión entre las ONGs y el Comité de Derechos Humanos, Sures visibilizó las situaciones que ponen en riesgo a las personas venezolanas, la migración económica, la trata de mujeres y niñas, la explotación laboral y trabajo forzado de niños y hombres, violaciones de derechos, discriminación y trato diferenciado en los países de destino.
Ana Salazar, coordinadora de investigación, señaló que Sures “ha recibido denuncias de migrantes venezolanos sobre las dificultades para registrar los nacimientos de sus hijos en los países de destino, así como para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica.”
Por último, se hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos para la regularización e inscripción de los niños nacidos en el extranjero y solicitó a las Naciones Unidas brindar asistencia técnica para el retorno seguro, ordenado y regular de las personas venezolanas al país.
