EDITORIAL
El bloqueo económico contra Venezuela comenzó de facto durante la primera década de siglo XXI con restricciones impuestas, desde EE.UU., a las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo, entre otras áreas; esto, en la adquisición de insumos para la industria de hidrocarburos y en el cumplimiento de contratos de servicios en materia militar y de seguridad ciudadana. Este proceso fue acompañado por empresas privadas trasnacionales que, progresivamente, fueron abandonado a Venezuela para establecer sus operaciones en otros Estados, a pesar de que sus actividades resultaban especialmente rentables y producían ganancias significativas.
El 18 de diciembre de 2014 marcó un hito en este proceso porque comenzó, formalmente, el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, mediante la aprobación de la Ley 113-278 del Congreso de EE. UU. que prohíbe –bajo severas sanciones– a toda persona o empresa realizar transacciones y negocios con el Estado venezolano; incluyendo, de forma expresa, al Banco Central de Venezuela, máxima autoridad en políticas monetarias, y a Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa estatal encargada de la industria de hidrocarburos que genera más del 98 % de los ingresos por exportaciones del país.
Desde entonces los gobiernos de EE. UU., Canadá, Inglaterra y Suiza, con el apoyo de varios países de la Unión Europea, han impuesto una serie de medidas coercitivas unilaterales contra el Estado venezolano; dichas medidas afectan el normal funcionamiento de su economía, obstaculizan el desarrollo productivo y la prestación de servicios públicos. Así, desde EE.UU. se han dictado instrumentos jurídicos dirigidos a impedir la comercialización de los hidrocarburos y el oro venezolano, trabar el uso del sistema financiero internacional, atacar el desarrollo de la criptomoneda del Estado “Petro”, retener los bienes y dineros venezolanos en territorio norteamericano y a imposibilitar la adquisición de bienes y servicios esenciales. Se trata, pues, de un cerco económico que se ha ampliado y apuntalado a lo largo de más de 4 años.
Ahora bien, estas medidas coercitivas unilaterales han generado violaciones graves y masivas a los derechos humanos; especialmente, de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como: niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, ancianas y ancianos. Se trata de acciones que contravienen, arbitrariamente, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas acciones son contrarias a todos los principios del Derecho Internacional que han causado, intencionalmente, un sufrimiento injustificado a toda la población; lesionando con ello a sus derechos a la vida, la integridad personal y salud, configurando un crimen de lesa humanidad a tenor del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El bloqueo impuesto por la cúpula política de los EE. UU. contra Venezuela tiene como objetivo explícito derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, quien fue recientemente reelegido, democráticamente, el 20 de mayo de 2018 en elecciones universales, directas, secretas, transparentes y competitivas; sin embargo, también persigue obtener, apropiarse y explotar las riquezas de nuestro país, entre ellas las grandes reservas de petróleo, gas, oro y coltán, como bien han reconocido públicamente voceros de la administración del presidente Donald Trump.
El bloqueo contra Venezuela ha sido magistralmente invisibilizado en la comunidad internacional.
La Organización de Naciones Unidas ha evitado pronunciarse sobre su inmoralidad, ilegitimidad e ilegalidad. Inclusive, Estados y organizaciones internacionales de derechos humanos, que condenan el bloqueo económico y las medidas unilaterales aplicadas en otros casos, evitan emitir opinión sobre lo que ocurre contra Venezuela.
En consecuencia, Inusual & extraordinaria tiene como finalidad develar, con datos fidedignos, la verdad verdadera para que sea universalmente usual y ordinaria; asimismo, para registrar y difundir las nefastas medidas coercitivas (unilaterales) y el ilegal bloqueo económico, financiero y comercial contra la nación de Simón Bolívar. Y tiene, como ambición sana, la de sensibilizar a la opinión pública, nacional e internacional, sobre el grave impacto en los derechos humanos de nuestra población.