SURES: Estudios y Defensa en Derechos Humanos, manifiesta su gran preocupación por la puesta en práctica de la nueva Ley de Migraciones de Chile mediante las “expulsiones administrativas”, durante los fines de semana, de numerosos grupos de inmigrantes extranjeros, violando los derechos humanos, incluso de niños y de niñas.
Durante la mañana del 06 de junio, 56 personas fueron subidas a un avión para ser devueltas a su país de origen en calidad de “expulsados de Chile” -de las cuales 36 lo fueron por no regularizar su situación-, siendo que son 15 los vuelos que se realizarán este año con esta finalidad. Según ha expresado el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, seguirán expulsando a quienes no cumplan con la ley y estén involucrados en la trata de personas. Entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, y en 2019 superaron las 8 mil.
Según varias organizaciones de defensa de migrantes en Chile, en el caso de las éstas “expulsiones express”, no se respetó el debido proceso -ya que se realizan los fines de semana, de forma aleatoria y sorpresiva, en un horario donde las cortes no sesionan para evitar la presentación de recursos de amparo- irrespetando así los tratados internacionales suscritos por Chile, así como el reciente llamado de la ONU, que emplazó al gobierno de Chile a detener estas expulsiones inmediatamente. Aseveran además que se ha hecho un uso mediático de la expulsión, que sólo favorece la criminalización y discriminación de los migrantes extranjeros.
La presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Vanessa González señaló la expulsión de migrantes durante los fines de semana como una “campaña del terror”, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, la calificó como una “vergonzosa”, infracción de la Ley de Migraciones; ya que se han separado a padres y madres de familia de sus hijos o hijas, lo cual -además de no atender a su interés superior- vulnera el principio de reunificación familiar.
Estos nuevos hechos implican una grave vulneración de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente: Chile ha firmado y ratificado tanto la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todos estos instrumentos se reconoce el derecho a la no discriminación de las personas por su nacionalidad o condición social (inclusive migratoria), y se establece expresamente la prohibición de la expulsión masiva de extranjeros. Igualmente, se encuentran en contradicción con lo establecido en la Constitución de Chile (artículo 19), la cual garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; señalando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Ante esta situación:
- Rechazamos la aplicación arbitraria de esta nueva Ley de Migraciones, y solicitamos su suspensión inmediata.
- Rechazamos las “expulsiones express” solicitando las garantías del debido proceso a toda persona migrante, tanto en las instancias administrativas como judiciales.
- Exhortamos al Estado chileno a respetar y garantizar derechos humanos de todas las personas en condiciones de movilidad humana, independientemente de su condición o situación migratoria.
- Solicitamos a los órganos e instituciones del Estado chileno a poner fin a estas graves vulneraciones.
- Exigimos al cese de toda acción de funcionarios del Estado chileno que conlleven prácticas de discriminación y xenofobia, así como los discursos oficiales que la acompañan; y en particular, de las que impliquen expulsiones masivas de migrantes extranjeros.