Uso político y mercantilización de la migración venezolana (II)

En la entrega anterior de este artículo detectábamos uno de los muchos problemas y obstáculos en la concreción de soluciones que atenúen el drama generado dentro y alrededor del desplazamiento de venezolanos. Ese primer obstáculo consiste en la evidente dificultad o imposibilidad de cuantificar el volumen de esa migración. Dentro de ese escollo, hemos aludido al disparador fundamental de las perturbaciones, como lo es el uso o manejo político, negligente en lo declarativo y alarmante en lo instrumental, de un problema real.

Manejar responsablemente las cifras y motivaciones humanas de la migración de personas es fundamental para proceder a la resolución de sus causas y efectos, pero lo que ha trascendido públicamente, como también lo hemos señalado en informes anteriores, ha sido una interesada distorsión de números y situaciones; la ayuda y acompañamiento al migrante, en lugar de ser el fin último de las acciones de propaganda y búsqueda-captación de recursos, han resultado vías y medios para el ataque propagandístico contra el gobierno de Venezuela.

Tan oscuros e imprecisos han sido los datos numéricos de la migración como el volumen de recursos entregados a distintos actores en varios países. Sobre el volumen de migración o desplazamiento, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) discrepaban en 2019 en sus cifras (2.519.580 y 4.769.498 personas). ACNUR modificó o actualizó su data; en 2021 la cifra se suele fijar genéricamente en 5.4 millones.

¿Refugio o desplazamiento?

Recientemente la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, ONU Mujeres-Colombia), en su informe del mes de mayo de 2021, fija el número en 5.643.665 de la cantidad de venezolanos refugiados y migrantes. Luego pasa a discriminar los grupos según situaciones y estatus bien definidos: 1) personas venezolanas con estatus de residentes legales, 2) solicitantes de asilo y 3) reconocidas como refugiadas en cada país de destino migratorio.

Los venezolanos con estatus de residentes legales, registrados por R4V, es de 2.648.603. Yendo al detalle, informa el estudio que la cifra corresponde a permisos y no a personas. De manera que en algunos países pueden estarse incluyendo permisos no vigentes, incluso de personas que ya no estarían en esos países. También se contempla la posibilidad de que una misma persona haya recibido más de uno de estos permisos, por renovación o por cambio de estatus (cambio de residencia temporal a permanente, etc.). De manera que incluso en las cifras de residentes legales también hay duplicaciones y triplicaciones de personas.

Los países con más personas venezolanas con estatus de residencia legal por país (2021), o de permisos otorgados por tal concepto, según el informe, son: Colombia (720.112), Chile (610.035), Perú (465.858), Argentina (251.200), Ecuador (202.489) y Brasil (145.462).

En cuanto a los solicitantes de asilo, que totalizan 841.086 venezolanos, se hacen importantes acotaciones, que arrojan luces sobre la volatilidad de las cifras: es previsible y lo que en práctica ocurre, es que estas solicitudes no sean aceptadas, y, además, es probable que la residencia de estas personas se resuelva de otra manera: legal o ilegal.

Los países con más solicitantes de asilo aún no concedido son Perú (532.303), Estados Unidos (119.567), Brasil (97.209), España (19.065), Colombia (14.839), Trinidad y Tobago (14.241).

Nótese la enorme desproporción o volumen de solicitantes de asilo en los tres primeros países respecto a los siguientes; la explicación del fenómeno reside en las ventajas comparativas que ofrece la legislación de cada uno de esos países.

Las personas venezolanas formalmente refugiadas suman 158.517; la mayoría de ellas se encuentran o fueron acogidas como tales en España (75.640). le siguen Brasil (38.387), Estados Unidos (17.338) y México (10.771).

El informe aporta una aclaración o dato importante: los “refugiados reconocidos incluyen casos reconocidos como refugiados de acuerdo a la Convención de 1951 (0.1%) y aquellos casos a los que le fueron otorgados autorizaciones de residencia por razones humanitarias (99.9%)”. Según esta precisión, la verdadera cifra de refugiados venezolanos en España es de poco más de 750 personas.

Una disposición del gobierno de España, del año 2019, permite otorgar estatus de protección a toda persona venezolana, sin evaluar si cumple con las condiciones requeridas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo cual bien podrían ser considerados como residentes legales y no como refugiados. El total de refugiados en todo el mundo, o al menos en los países con mayor cantidad de venezolanos refugiados, descendería así a unas 83.633.

Las perturbaciones

Otra peculiaridad detectada proviene de Colombia, que reporta 444 personas venezolanas en calidad de refugiadas, declaración incongruente con la permanente denuncia o voz de alerta a causa de la “crisis de refugiados venezolanos”. 

La situación binacional Colombia-Venezuela es digna de ser reseñada y destacada, pues es la que más visibiliza el uso del discurso estandarizado “crisis de refugiados” y “crisis humanitaria” como catalizador de tensiones políticas, y también de dudas y perturbaciones respecto al manejo de fondos entregados para la atención a las personas venezolanas en proceso de emigración.

Para el próximo 17 de junio se ha convocado a la “Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos”. Es una iniciativa canadiense “en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), colíderes de la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)”, según reza la convocatoria. Más que una actividad informativa, será una nueva ocasión para incrementar el monto destinado, al menos en las declaraciones y cartas de intención, a las y los venezolanos en proceso de migración fuera de Venezuela.

Cuantificar los montos recibidos por los gobiernos, ONG’s y factores políticos por ese concepto ha resultado tan complejo e infructuoso como su fiscalización o contraloría. En febrero de 2020, el Departamento de Estado (administración de Donald Trump) difundió en detalle el monto y alcances de sus aportes hechos desde 2016: un total de 656 millones de dólares para la “asistencia humanitaria para los venezolanos”.

El 30 de marzo de 2020 el portal Uniminuto Radio realizó un recuento de los recursos recibidos efectivamente, solo por Colombia: la cifra sumaba 950 millones de dólares desde 2017, “sin contar que ACNUR, la iglesia católica y otras Organizaciones No Gubernamentales también contribuyen con el bienestar de los migrantes”. Entre los aportes más destacados del reportaje se encontraban uno de 89 mil dólares del gobierno de Estados Unidos al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta; 31,5 millones de dólares del Banco Mundial (julio de 2019); 120 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos al de Colombia, entregados por la asesora e hija del entonces mandatario Donald Trump, “para atender la población migrante de Venezuela”.

En octubre de 2019 la Unión Europea entregó a Colombia 30 millones para los mismos fines, y España 50 millones de euros, un mes después. El recuento total ya resultaba entonces incuantificable. En enero de 2021, justo antes de entregar el mando a su sucesor, Joe Biden, el equipo de Trump anunció que el monto aportado por Estados Unidos “en ayudas para venezolanos vulnerables” era de 1.200 millones de dólares.

No se ha establecido en detalle cuáles de los aportes que suman esa cantidad están contenidos en otros reportes, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció en octubre de 2018 la creación de un fondo “para la atención de la migración venezolana”.

“El fondo estaría destinado a apoyar a las principales ciudades receptoras de venezolanos, para inversión en salud, educación y emprendimiento. Por la gran cantidad de migrantes en Colombia, será este el país piloto de este proyecto. Adicionalmente, el BID LAB destinó 57 millones de dólares. Siendo 28 millones para inversión, y 22 millones para apoyo técnico”, según reseña del portal Todos Ahora.

En la siguiente entrega analizaremos en detalle los nudos críticos donde se entrecruzan la absoluta falta de transparencia o claridad en la cuantificación de los aportes y donaciones entregadas y recibidas, a nombre de los migrantes de Venezuela, y el empleo propagandístico de datos, cifras y diagnósticos, sin que se haya verificado en la realidad de los migrantes una mejora o alivio de su situación, en la que no han faltado el abandono, la xenofobia, la violencia femicida y la exclusión.

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