14 de noviembre de 2018. Correo del Orinoco.-
Desde 2014 a 2018 se han aplicado 27 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, de las cuales 16 provienen del Gobierno de los Estados Unidos por medio de leyes, decretos y reglamentos, y las restantes han sido emitidas por Canadá, la Unión Europea (UE), Suiza, Inglaterra y Panamá. Este último es «el único país latinoamericano que se ha unido a esta escalada de violencia contra Venezuela».
Así lo expresó ayer la directora de la organización no gubernamental (ONG) Estudios y Defensa en Derechos Humanos (Sures), María Lucrecia Hernández, quien destacó que en respuesta a ese escenario deben unirse el pueblo venezolano organizado y las organizaciones sociales para «resistir y buscar estrategias para poder sobrepasar este bloqueo económico».
La declaración la hizo Hernández en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), donde se realizó el foro El bloqueo económico contra Venezuela, organizado por Sures e Intersaber, dirigido a estudiantes del Inces, Unefa, Unearte y al público en general.
Hernández instó al Gobierno Nacional a comenzar a cuantificar las medidas coercitivas, para determinar el daño económico que han causado al país. «Es posible que se pueda realizar una demanda internacional contra los países que han aplicado estas medidas», aseguró.
Y apuntó: «En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dice que las medidas coercitivas, por ser intencionales y querer atacar a la población de un Estado, por privarla de medicinas, de alimentos, pueden constituir un delito de lesa humanidad y ese delito está tipificado en el Estatuo de Roma de la Corte Penal Internacional».
Por esa razón, subrayó, es necesario sistematizar esas medidas coercitivas. «Es importante que el pueblo, a través de los distintos espacios de lucha nacionales e internacionales, denuncie constantemente lo que viene sufriendo el pueblo venezolano», añadió.
