SURES: Estudios y Defensa en Derechos Humanos, manifiesta su gran preocupación por la puesta en práctica de la nueva Ley de Migraciones de Chile mediante las “expulsiones administrativas”, durante los fines de semana, de numerosos grupos de inmigrantes extranjeros, violando los derechos humanos, incluso de niños y de niñas.
El presente informe tiene como finalidad mostrar las rutas que hacen las personas migrantes venezolanas, en condición irregular, desde Venezuela para llegar a los Estados Unidos, y las dinámicas en el paso a través de la frontera mexicana.
Igualmente quiere desmontar el discurso mediático implantado por Fox News y otras agencias de noticias estadounidenses sobre la supuesta condición de pobreza del migrante venezolano que atraviesa el Río Grande, frontera entre México y Estados Unidos.
Fue 2017 el año en que comenzó a instalarse sostenidamente en la agenda informativa internacional el tema y la noción de Venezuela como país con inmigración masiva, propiciada, según el discurso estandarizado por la administración Trump, por el deseo de los venezolanos de no vivir “en dictadura”.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado los niveles alarmantes de propagación y gravedad de la epidemia de la Covid-19, decidió decretar el estado de pandemia a nivel mundial, en el entendido que no era sólo una crisis de salud pública, sino una crisis que afectaría a todos los sectores…
La migración venezolana sigue siendo el proceso social que más llama la atención a los actores políticos reaccionarios del continente. No así otros procesos mucho más dramáticos, como el de las caravanas migrantes hacia los Estados Unidos, los más de 20 desplazamiento de personas en Colombia durante 2021 a causa de su guerra interna, la disposición de República Dominicana de construir un muro para bloquear la migración de población haitiana, ni el gran peligro para los migrantes de diferentes latitudes que arriesgan sus vidas en el Tapón del Darién (Panamá).
Las organizaciones de derechos humanos y sociales de Venezuela manifestamos nuestra preocupación por las acciones emprendidas por grupos armados irregulares colombianos en territorio del estado Apure, que han amenazado y vulnerado los derechos humanos de sus pobladores y pobladoras, generando su movimiento tanto dentro del territorio venezolano como a localidades fronterizas colombianas. Acciones que también han producido muertes de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los propios grupos irregulares.
La guerra interna que vive Colombia desde hace décadas y su condición de primer país productor y exportador de cocaína del mundo, repercute negativamente en Venezuela, que ha sido históricamente un país de acogida a los refugiados colombianos y refugiadas colombiana en los últimos 30 años.