Introducción
La presente investigación es el resultado de una visita a campo realizada a la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira y la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, entre los días 1 y 3 de septiembre de 2021, cuyo objetivo central consistió en conocer las dinámicas sociales, culturales y económicas presentes en la frontera entre ambos países. Esto, con el fin de observar y analizar la dinámica económica y de seguridad que actualmente enfrentan las personas venezolanas en situación de movilidad transfronteriza que se trasladan hasta territorio colombiano. Asimismo, nos proponemos presentar una caracterización de la compleja trama delincuencial que se despliega en los pasos fronterizos irregulares colombovenezolanos, y detallar las estructuras organizadas que se benefician del cierre fronterizo regular y de la vulnerabilidad ante la que quedan expuestas las comunidades fronterizas.
La metodología utilizada para el levantamiento de la información fue la realización de entrevistas no estructuradas en campo a activistas de derechos humanos, representantes de organizaciones sociales que conocen el fenómeno de primera mano, representantes del Estado venezolano en esa región y la revisión y consulta de fuentes documentales como base de datos, columnas de opinión, notas de prensa, artículos de investigación y artículos académicos especializados en el tema. Asimismo, los testimonios obtenidos en la visita de campo fueron contrastados con la información documental para verificar la validez de los planteamientos formulados.
El informe ha sido organizado en base a cuatro apartados. El primero está dedicado a una caracterización de la frontera entre San Antonio del Táchira y la Ciudad de Cúcuta. En esta sección, presentamos una panorámica general de la situación actual del cruce internacional y de la dinámica a la que están sujetas las comunidades fronterizas que hacen uso de los pasos irregulares.
En segunda instancia, damos cuenta de los tres principales movimientos transfronterizos entre ambas ciudades, como lo son la migración de retorno, la movilidad pendular y la emigración, ejercicio a partir del cual ponemos mayor atención en nuestro principal grupo de interés: la población migrante venezolana establecida en Norte de Santander. En esta sección damos cuenta de la situación que enfrentan las venezolanas y los venezolanos en el país vecino y de los altos niveles de violencia ejercida en su contra en el contexto de las disputas libradas por una amplia cantidad de estructuras y organizaciones delictivas que operan en el corredor fronterizo, para el control territorial de los pasos irregulares y de las rentas ilegales.
El tercer apartado expone los actores que integran la compleja trama delincuencial desplegada en la frontera colombo-venezolana, sus disputas internas y la situación de extrema peligrosidad a la que han quedado expuestos las niñas, niños y jóvenes venezolanos en territorio colombiano, a causa de la violencia presente país derivada de la guerra interna que se ha librado por más de medio siglo. Por último, la sección de conclusiones recoge las principales ideas tratadas en el informe.
San Antonio del Táchira y La Parada: «frontera del terror»[1]
El estado Táchira y el departamento de Norte de Santander comparten una frontera natural de 164 kilómetros: un total de ocho municipios por el lado venezolano, mientras que diez por el lado colombiano. Diversas voces han calificado a dicha frontera como una de las más dinámicas de América Latina, tanto por el amplio flujo de personas que
transitan diariamente entre ambos países bajo una lógica pendular como por el intenso intercambio comercial binacional. Asimismo, por la presencia de una compleja trama de estructuras delincuenciales que ejercen control sobre el territorio.
La economía del estado Táchira es fundamentalmente agropecuaria, con una gran diversificación gracias a la existencia de los pisos climáticos que otorgan mayores condiciones agronómicas para el cultivo de especies como café, patata o papa, caña de azúcar, tabaco y diversos tipos de frutas y legumbres. En las tierras altas del estado se cría y engorda ganado vacuno proveniente de los Llanos. También hay presencia de yacimientos de carbón y de asfalto, y de una actividad industrial importante, cuyos principales establecimientos se localizan en San Cristóbal (alimentos, textiles, cemento y metalmecánico) (INE, s/f).
Por su parte, el departamento colombiano que colinda con Venezuela (constituido por 29 municipios) ha contado con un aparato productivo débil, su economía ha estado enfocada en actividades con modesta generación de valor, cuenta con niveles muy altos de desempleo y pobreza, por encima del promedio nacional (Albornoz-Arias, 2017). Asimismo, se erige como un bastión del uribismo, pues en las elecciones presidenciales de 2018, Iván Duque, candidato por el partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, se impuso con un 77,89 % sobre su contendiente Gustavo Petro.
Históricamente, la frontera entre ambos lados se ha caracterizado por la movilidad diaria de personas, tanto de Colombia a Venezuela como de Venezuela a Colombia. Desde mediados de siglo XX y hasta hace muy pocos años, la movilidad estuvo centrada en el desplazamiento de personas colombianas hacia territorio venezolano por razones laborales, académicas, familiares y, más recientemente, a partir de la década de los noventa, en búsqueda de refugio a causa de la guerra interna colombiana (Albornoz-Arias, 2017).
Sin embargo, desde mediados de 2015 se verifica un movimiento atípico de personas venezolanas a territorio colombiano debido a la crisis económica que enfrenta Venezuela desde hace poco más de un lustro, a causa de la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014 y la imposición de medidas coercitivas unilaterales estadounidenses en diciembre de ese mismo año, principalmente. Así, un número cada vez mayor de venezolanos ha emigrado a Colombia y a otros países andinos en condiciones de vulnerabilidad, sin recursos, documentación[2] ni planificación. Una de las principales rutas para estas travesías han sido los pasos irregulares entre San Antonio del Táchira y la ciudad de Cúcuta.
Son tres los puentes fronterizos internacionales habilitados entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander: (1) el puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a la ciudad de Ureña con el sector de El Escobal; (2) el puente internacional Unión, que conecta la localidad venezolana de Boca de Grita con el municipio de Puerto Santander; (3) y el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad de San Antonio con la población de La Parada, municipio de Villa del Rosario, barrio colombiano que está al cruce inmediato del puente y donde reside una comunidad venezolana.
Este último cruce fue el que tuvimos la oportunidad de visitar. De acuerdo a la información levantada en campo, el cierre de la frontera colombo-venezolana en agosto de 2015 significó la afectación de las relaciones comerciales binacionales, con grandes impactos para el empresariado de ambos países, causando alteración en las dinámicas de movilidad de las comunidades fronterizas, la exacerbación de la violencia ejercida por grupos ilegales y el aumento de las estructuras delincuenciales que operan en ese sector.
De las entrevistas realizadas y los informantes claves, se recabó la información de que en la actualidad hay presencia de más de 50 pasos irregulares (conocidos como “trochas”) entre Táchira y Norte de Santander, controlados por estructuras y organizaciones delincuenciales. Se pudo conocer que el horario para el cruce por estos pasos oscila entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m., y la travesía tiene un valor que varía entre los 2000 pesos colombianos si se trata de una sola persona sin maleta (alrededor de 0.50 dólares estadounidenses), y de 3000 a 15 mil pesos colombianos si se cargan varias maletas y dependiendo de su peso (de 0.78 a 3,91 dólares estadounidenses, aproximadamente).
Estos corredores son utilizados mayormente en semanas flexibles debido a que la gente puede circular sin problemas. También son los días en que la población local y de otras regiones de Venezuela se movilizan hasta San Antonio del Táchira, ya sea con el objetivo de emigrar o para trasladarse a territorio colombiano para adquirir medicamentos,
realizar compras, trabajar, asistir a clases o visitar familiares (dinámica conocida como movimiento pendular).
Entre las principales trochas entre San Antonio y Cúcuta están “La Pampa” y “La Platanera”, las cuales cuentan con “pautas” específicas para realizar la travesía, según se pudo conocer de las entrevistas realizadas. Son: (1) mantener la mirada gacha, no mirar directamente a los ojos ni a la cara a los hombres (integrantes de los grupos irregulares) que controlan la trocha; (2) no sacar el teléfono celular. De hacerlo, los hombres pueden tomarlo para arrojarlo al río Táchira y/o cobrar una multa de alrededor de 100 mil pesos colombianos (30 $ dólares estadounidenses, aproximadamente) más la compra de pañales o algún producto que ellos indiquen; (3) en el caso de las mujeres, recogerse el cabello de manera tal que evite llamar la atención o incluso colocarse un sombrero, son algunas de las recomendaciones.
Una vez se atraviesa el río Táchira, las trochas desembocan en la localidad fronteriza de La Parada. Se trata del primer barrio que encuentran quienes llegan a territorio colombiano desde San Antonio y donde se extiende una economía informal mixta, colombo-venezolana. El sector es controlado por estructuras del paramilitarismo, organizaciones guerrilleras y bandas delincuenciales que desarrollan distintas actividades, tales como: compra dólares, oro y víveres, e incluso de cabello humano, contrabando de mercancías de procedencia venezolana y oferta de “servicios de trochas”. También se observa la presencia de los denominados “maleteros”, trabajo ejercido por colombianos y venezolanos que consiste en cargar la mercancía o maletas de las personas que llegan a La Parada (La Opinión, 2019).[3]
Tal como ha señalado el defensor regional del departamento colombiano, la zona es de alta peligrosidad, pues diversos grupos armados se disputan el control territorial, la producción y el procesamiento de cultivos ilícitos, las rutas de narcóticos, las armas y el contrabando. Esto ha provocado desplazamientos, restricción en la movilidad, confinamientos y homicidios de excombatientes, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, realidad en medio de la cual se encuentran las personas venezolanas (Semana, 2019).
Lo anterior ocurre ante los ojos de las autoridades colombianas y organismos internacionales presentes en el puente internacional, tales como Migración Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Cruz Roja. Para entender esta dinámica fronteriza, es importante subrayar que a pesar de los riesgos que conlleva el cruce de estos corredores irregulares, se trata de una actividad cotidiana para los habitantes de la comunidad, que forma parte de sus procesos diarios de movilidad y que es vivida de manera natural.
Movimientos transfonterizos
En la actualidad pueden describirse tres tipos de movimientos transfronterizos entre San Antonio del Táchira y la ciudad de Cúcuta: uno de migración de retorno de personas colombianas; otro de tipo pendular de población colombo-venezolana; y, en menor medida, un fenómeno emigratorio desde territorio venezolano hacia Colombia. Este último disminuyó su magnitud desde inicios de 2020.
Sobre el fenómeno de migración de retorno, cálculos del gobierno de Colombia señalan que entre 2015 y 2019 cerca de 300 mil ciudadanos colombianos regresaron a su país desde Venezuela debido a las adversas condiciones económicas en el país petrolero. Sin embargo, Juan Carlos Tanus, colombiano desplazado establecido en Venezuela y que dirige la Asociación de Colombianos en Venezuela, sostiene que en 2018 había un total de 79.642 casos de colombianos que habían vuelto a territorio venezolano luego de retornar a Colombia en un primer momento. Esto, posiblemente por la dificultad para encontrar puestos de trabajo o acceder a los medios de subsistencia (RCN Radio, 2019a). Estas palabras coinciden con el testimonio de uno de nuestros informantes clave, quien aseguró que la ola de migración de retorno de personas colombianas se registró solamente entre 2015 y 2016. Posteriormente, estos grupos volvieron a territorio venezolano debido a que no tenían los medios para cubrir sus necesidades básicas y los servicios públicos, que pueden rondar los 500 dólares estadounidense al mes.
En caso de la movilidad pendular, es importante señalar que se trata de un fenómeno migratorio en el que las personas se trasladan temporalmente de un territorio a otro por razones de estudio o trabajo y puede darse en zonas fronterizas por diferentes circunstancias. Es entendida como el desplazamiento periódico de la población en edad de trabajar, no representa un cambio de residencia y las distancias son cortas. La migración pendular en la frontera colombo-venezolana se mueve de manera habitual entre ambos países, registrándose, incluso, varios ingresos y salidas al día (Mojica Acevedo, Espinel Rubio y Camargo Pardo, 2020).
A este fenómeno se suma el hecho de un alto número de personas en Norte de Santander y Táchira con doble nacionalidad, lo que implicaun dinámico intercambio cultural entre ambos países. Así, en la realidad fronteriza se encuentran casos de personas descendientes de padres venezolanos y colombianos, o solo colombianos que tienen hijos nacidos en Venezuela o en Colombia y que se movilizan entre ambos territorios (Ravelo, Araque y Zambrano, 2016). Es importante mencionar que las fronteras políticas cumplen con la función de delimitar entre las formaciones estatales y de establecer las discontinuidades entre poblaciones que pudiesen presentar similitudes. En el caso de los territorios fronterizos, las poblaciones separadas por límites del Estado-nación pueden presentar más vinculaciones
históricas y culturales entre sí, que con respecto a sus respectivas ciudades capitales. Sus habitantes suelen mantener estrechas relaciones, no solo en el ámbito económico, sino también social y parental con los habitantes del país vecino. Esta dinámica asegura una circulación física (movilidad humana) y de códigos compartidos en razón de la vinculación a un medio ambiente natural y cultural común (Bartolomé, 2006).
Las personas que habitan zonas fronterizas suelen tener “un pie a cada lado de la frontera” y desarrollar la capacidad de moverse entre ambos territorios (Lizón Tolosana citado en Bartolomé, 2006). Tampoco resulta contradictorio afirmar que más allá de ser sólo un ámbito de la diferencia entre poblaciones de distinto origen, las fronteras también constituyen un punto de convergencia y de articulación entre similares diferenciadas formaciones políticas y sociales (Bartolomé, 2006).
Como tercer elemento tenemos la llegada de un creciente número de personas venezolanas a territorio colombiano entre 2015 y 2019, quienes se movilizaron hasta su destino haciendo uso de pasos irregulares. La Parada es uno de los principales centros de acogida de esta población en el departamento, que llega al sector buscando oportunidades laborales. Desde que iniciara la movilidad de connacionales hacia Cúcuta, la demografía del barrio se ha visto alterada debido al aumento de la población. Así, las casas han sido convertidas improvisadamente en albergues para para decenas de migrantes, que cohabitan en espacios muy reducidos y donde cuentan con limitado acceso a los servicios públicos (La Opinión, 2021a).
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, para 2018 la población de Norte de Santander era de 1.346.806 y la del municipio de Villa del Rosario de 93.735 habitantes (DANE, 2018). De acuerdo con cifras de Migración Colombia, para enero de 2021, un total de 187.121 personas venezolanas estaban establecidas en ese departamento[4] y unas 36.512 en Villa del Rosario (Migración Colombia, 2021). Cálculos de la Secretaría de Gobierno de Villa del Rosario muestran aproximadamente que 160 mil personas habitan la región en 2021, entre los cuales hay entre 40 y 50 mil migrantes venezolanos, es decir, un número superior al señalado por la autoridad migratoria de ese país (La Opinión, 2021a).
La población del municipio ha crecido en los últimos años debido al fenómeno migratorio de origen venezolano, impactando en la economía local y en la densidad poblacional. Según Ezequiel Acuña, secretario de Gobierno de Villa del Rosario, el arribo de personas venezolanas al municipio “ha impactado en la manera de cómo se vive acá, la población en Villa del Rosario se duplicó en unos pocos meses. Una gran transformación ha vivido el municipio y eso es algo totalmente visible” (La Opinión, 2021a). Estas transformaciones han supuesto la aparición de nuevas formas de trabajar, de hacer negocios y de nuevos oficios en el sector.
En la actualidad, La Parada es uno de los barrios colombianos con presencia considerable de personas venezolanas. Se trata de un sector que años atrás “supo articularse para configurar un centro de acopio de mercancías, casas de cambio y todo tipo de estrategias –legales e ilegales– para aprovechar la llegada de los dólares Cadivi y de productos financiados por el Estado venezolano”. Sin embargo, desde mucho antes de esto era una zona a la que “comerciantes de todas partes [de Colombia] viajaban a comprar productos que luego vendían al interior del país”, y en la que “gente de los municipios fronterizos frecuentaba las casas de cambio para consumir, viajar y disfrutar de la economía petrolera” en Venezuela (Funhojuv y Unidadidad del Rosario, 2020, p. 8).
Un cuadro actual de la situación en esta barriada fue presentado por la Fundación Nuevos Horizontes Juveniles (Funhojuv) y la Universidad del Rosario en un estudio publicado en octubre de 2020, donde hallaron una amplia presencia de arriendos en la localidad, esto es, casas planificadas para una sola familia, donde viven de 40 a 50 personas, y bodegas donde los venezolanos viven en situación de hacinamiento, en la mayoría de los casos con escasez de servicios públicos. También encontraron cambuches, en lugares aledaños a cultivos de arroz, en los que las personas desesperadas, una vez expulsadas de los arriendos por atrasarse en el pago, buscan un refugio para sus familias (Funhojuv y Unidadidad del Rosario, 2020, p. 10).
En la investigación mencionada se encuestaron a 2.722 cabezas de familia asentadas en La Parada, que reportaron, además, estar a cargo de hijos y familiares, para un total de 11.847 personas asociadas a la muestra de grupos familiares. De los resultados, obtuvieron que casi el 97 % de las personas encuestadas eran de procedencia venezolana y solo el 1,43 % de origen colombiano. Según el estudio, los venezolanos habían llegado a la zona a partir de 2018 desde casi todos los estados del país, con excepción de Apure, Nueva Esparta y Amazonas, registrándose un incremento de la movilidad hacia la zona en 2019 ( p. 12).
Entre otros hallazgos, se identificó que las razones de estancia de algunas personas en La Parada son mayoritariamente laborales; que el 93,20 % de los encuestados trabaja en la informalidad, por lo que no cuentan con un contrato laboral ni un sueldo fijo; que los trabajos más comunes son la buhonería, los asociados a las trochas (caleteros, carretilleros, maleteros y trocheros), las amas de casa y trabajo en tiendas como supermercados, barberías y carnicerías (pp. 39-41). Los ingresos que perciben son diarios, y pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 pesos, según cálculos del estudio, mientras que la situación de residencia se caracteriza por ser una condición de hacinamiento: el 85,19 % de las personas viven en una habitación y tan solo un 8,38 % cuentan con un espacio más amplio como una casa o un apartamento:
En una misma habitación pueden estar durmiendo hasta 20 personas y hay, además, quienes viven en galpones que están divididos por muros de madera, en ocasiones, incluso por costales o bolsas de basura, que hacen las veces de paredes para formar también “habitaciones”, en las que viven hasta 60 personas (p. 46).
A este drama humanitario se suma la crítica situación económica y de seguridad que enfrentan tanto la población migrante venezolana como las comunidades fronterizas debido a las disputas por el control territorial libradas por las estructuras del crimen organizado y a la ausencia de las autoridades estatales. En noviembre de 2020, dos jóvenes venezolanos que trabajaban como maleteros en una de las trochas de La Parada fueron asesinados por disparos sin identificar (El Nacional, 2020) y, más recientemente, una ciudadana venezolana residente del sector Unión Socialista de Llano Jorge (municipio Bolívar de Táchira) fue asesinada a manos de su padre por múltiples puñaladas en el lado colombiano de la trocha “La Ramona”. La ciudadana, de nombre Ruth María Lasso Ahumada, era violada por su progenitor desde temprana edad, de quien tuvo dos hijos (Cactus24, 2021).
En un boletín publicado en junio del corriente, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) alertó sobre las graves condiciones de vulnerabilidad y desprotección de la población venezolana en Colombia a causa de su situación de irregularidad migratoria; el desconocimiento de las dinámicas territoriales y los niveles de riesgo en los territorios; la presencia de actores armados ilegales asociados al conflicto armado y crimen organizado; y su llegada a territorios en situación de pobreza, desprotección y con altos niveles de violencia. Las y los venezolanos se han enfrentado a contextos de amenazas, homicidios, desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada y violencia basada en género (CODHES, 2021).
Las cifras y datos presentados por esta organización dan cuenta de la gravedad de la situación de derechos humanos que sufre la población venezolana en Colombia. Sin embargo, no expresan la magnitud real del problema debido a los temores de las y los venezolanos a denunciar debido a la situación de irregularidad migratoria en que se encuentran; barreras de acceso a la denuncia y justicia que establecen algunos funcionarios de instituciones públicas en los territorios; desconocimiento en la tipificación de delitos como trata de personas; o por temor a represalias por parte del actor armado ilegal que ha cometido el hecho victimizante (CODHES, 2021).
Según CODHES, los homicidios de la población venezolana se han mantenido en aumento desde 2015. Entre enero de ese año y diciembre de 2020 se registraron 1933 casos de homicidio en los que las víctimas son de nacionalidad venezolana, siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años quienes han sido mayormente victimizados, y las armas de fuego las más utilizadas para la comisión de este delito. El departamento donde mayor número de asesinatos se registró en 2020 fue Norte de Santander, con 114 víctimas, seguido de los departamentos de Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia.
Recientemente, un editorial de La Opinión develó que las migrantes venezolanas en la capital de Norte de Santander son víctimas de los delitos de explotación sexual y trata de personas. Una redada activada por la Interpol y la Policía Metropolitana desmanteló una organización cucuteña que, mediante falsas promesas de trabajo e ingresos en dólares,captaba niñas y mujeres venezolanas para ser llevadas a Ecuador y Panamá y ser explotadas sexualmente (La Opinión, 2021b). En igual sentido, en abril de 2021, un informe de Border Lab señaló que la trata de personas ha aumentado considerablemente en Norte de Santander en los últimos dos años, ubicándose como primer departamento de destino de las personas tratadas en Colombia. En este contexto, el estudio afirma que “entre 2018 y 2020 se presentó un aumento importante de las víctimas de trata de personas de origen venezolano, pasando durante ese periodo del 10,6 % al 37,5 % (Border Lab, 2021, p. 14).
La data del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia arroja que entre 2017 y julio de 2021 se registraron un total de 399 asesinatos de personas venezolanas en Norte de Santander, de los cuales 329 fueron cometidos con arma de fuego, 60 con arma blanca y 10 homicidios en el contexto de riñas. Además, se registró la muerte violenta de otros 89 venezolanos por otras causas. Estos números coinciden con los proporcionados por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), la cual señala que, de las víctimas, el 91 % fueron hombres, mientras que el 9 % eran mujeres (Corporeddeh, 2021). La misma organización señala que las regiones reportadas donde mayor número de crímenes ocurren contra las personas venezolanas son los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca y Arauca, y en las ciudades de Bogotá y Medellín.
De las entrevistas realizadas a los representantes de Corporeddeh durante nuestra estancia en Cúcuta, pudimos conocer que, actualmente, un total de 250 migrantes venezolanos se encuentran detenidos sin juicio en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y puestos de policía del departamento. Se trata de una población que ha estado en situación de hacinamiento por entre 8 y 10 meses, y que no ha podido ser judicializada porque no se conoce su identidad. Muchas de estas personas tienen cédula falsa, y debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países no existen mecanismos para corroborar su identidad. Nuestros informantes comentaron que los delitos cometidos por esta población en su mayoría son delitos menores, es decir, excarcelables.
La organización también nos alertó sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano frente a la alta tasa de homicidios que tienen lugar en el sector. Dado que las autoridades de ese país deben dar resultados positivos en el control de la criminalidad para garantizar sus ascensos y traslados a regiones codiciadas dentro de su país, en diversas ocasiones los cuerpos de las personas víctimas de homicidios ocurridos en el lado colombiano son depositadas del lado venezolano para ocultar la falta de diligencia en el control de la seguridad ciudadana de esos cuerpos de seguridad. De esta manera, las altas cifras de este delito en el departamento son disminuidas intencionalmente y trasladadas a Venezuela.
Por otro lado, Corporeddeh señaló que las autoridades colombianas no tienen un registro de los venezolanos desaparecidos en contextos de violencia armada, como las masacres y los desplazamientos. Solo en 2020, un total de 153 personas fueron desaparecidas en Norte de Santander, de las cuales no se conoce cuántas son venezolanas.
Estructuras criminales
En la frontera colombo-venezolana opera una compleja trama del crimen organizado, donde actúan estructuras paramilitares, guerrillas y bandas criminales. Según un estudio de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), actualmente en la zona fronteriza hay presencia de 28 estructuras armadas ilegales, entre las que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN); 13 grupos armados organizados (de alcance nacional), como el Ejército Popular de Liberación (EPL), Los Rastrojos y el Clan del Golfo; 10 grupos armados postFarc; y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional, como los Pranes y el Cártel de Sinaloa (Pares, 2020).
Este extenso territorio de 2.219 kilómetros es un espacio dominado por las economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando de gasolina y el tráfico de armas y personas, donde permanentemente tienen lugar disputas armadas vinculadas al control territorial y de los mercados (Pares, 2020). En lo que respecta a la frontera entre San Antonio y Cúcuta, actúan el ELN, Los Rastrojos, el Tren de Aragua, La Línea, La Frontera, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Clan del Golfo, disidencias de las Farc-EP, el EPL y el Cártel de Sinaloa.
El ELN, conocidos como “Los Elenos”, se trata de un grupo guerrillero que opera en ocho departamentos de Colombia: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Sus acciones se dirigen en contra del Estado colombiano, Los Rastrojos y el Clan del Golfo, y se propone el dominio de la frontera colombo-venezolana por los amplios beneficios económicos que supone la actividad de contrabando entre ambos países (Verdad Abierta, 2020). En el caso de la frontera del Norte de Santander, la organización hace presencia con el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario. Se enfrenta al EPL y Los Rastrojos y controla distintos pasos irregulares, donde cobra a migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, que hacen uso de ellos. Actualmente, es el grupo insurgente más numeroso y fuerte del departamento colombiano (Pares, 2020).
Los Rastrojos es un grupo armado organizado que ha mantenido el dominio militar y el control sobre todos los aspectos de la economía fronteriza. Tiene alianzas con el EPL. Los principales hechos delictivos de este grupo criminal son la desaparición forzada, el reclutamiento, la utilización de niñas, niños y adolescentes para explotación sexual. La organización sostiene disputas armadas con el ELN, con el fin de llegar a controlar los pasos irregulares que éstos manejan y el microtráfico; y con el Clan del Golfo, por el control territorial en la zona rural de Cúcuta (Pares, 2020).
El Clan del Golfo, que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y una de las organizaciones que más dificultades le ha impuesto a la institucionalidad colombiana para la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (García-Perilla y Rodríguez-Beltrán, 2018). Para 2017, contaba con 1.900 integrantes que hacían presencia en al menos 107 municipios del país. Su proceso de expansión y crecimiento territorial se ha dado a través de un intenso trabajo de acuerdos y alianzas en los que la organización incorporó a antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y construyó sociedades con diversas estructuras del crimen organizado a nivel local y regional para dominar la cadena del narcotráfico. Principalmente obtiene recursos provenientes del narcotráfico, la minería, la extorsión y la tala ilegal (Ideas para la Paz, 2017).
El ELP o Los Pelusos es una organización criminal con presencia en el Catatumbo y Norte de Santander. Se enfrenta al ELN desde 2017 y está integrada por unos 100 o 200 miembros. La organización busca expandirse para controlar las actividades del narcotráfico que tienen que ver con la siembra, producción y comercialización de la coca. Opera en toda la frontera, donde lleva a cabo homicidios, masacres, descuartizamientos, casas de pique, reclutamiento forzado y cobros extorsivos a quienes cruzan las trochas y a quienes trabajan en el sector de manera informal como maleteros y contrabandistas de gasolina (Pares, 2020).
En los últimos años se han dado una serie de alianzas entre bandas de origen colombiano y otras de origen venezolano, derivando en organizaciones mixtas orientadas al control de las rentas ilegales y los pasos irregulares que comunican con Venezuela. Es el caso de La Línea. Según información recabada en campo, se trataría de una estructura colombovenezolana constituida por desmovilizados del Bloque Catatumbo del paramilitarismo y que ha reclutado jóvenes venezolanos desde el sector de El Escobal hasta más debajo del sector La Cárcel.
Por otro lado, organizaciones sociales también alertan ante la presencia de El Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano que se enquistó en Villa del Rosario hace unos cuatro años. Es liderada por el “Niño Guerrero”, pran venezolano recluido en la cárcel de Tocorón, y domina varios puntos del municipio. De La Parada, la organización se expandió, con la aprobación del Clan del Golfo, a otros barrios del municipio para la comercialización de drogas, el cobro de vacunas, venta de armas, trata de personas, contrabando, extorsión y la ejecución de homicidios. Según señalan nuestros informantes clave, esta banda utiliza como modus operandi la tortura y el descuartizamiento. Desarrollan estas actividades en un sector conocido como Quilombo y cuentan con unos 2.700 integrantes, entre criminales armados y hombres y mujeres colaboradores con la organización (La Opinión, 2020). La organización se dedica a la trata de personas desde Venezuela y Colombia mediante ofertas engañosas de supuestas oportunidades de trabajo de tipo formal. A las niñas y mujeres engañadas les son retenidos los documentos y son forzadas al trabajo sexual. También controlan pasos irregulares (Pares, 2020).
La prensa local y organizaciones de derechos humanos denuncian que personas venezolanas han resultado muertas en medio de los enfrentamientos entre estos grupos irregulares, al estar altamente expuestas a la violencia armada ejercida por las estructuras y bandas delictivas. El alcalde del municipio, Pepe Ruiz, denunció en 2019 que, aunque no hay denuncias formales sobre esto, jóvenes venezolanos estarían siendo reclutados masivamente en La Parada por bandas criminales (RCN Radio, 2019b). Según expone CODHES, la victimización por reclutamiento de jóvenes migrantes venezolanos es una realidad nacional con impactos desproporcionados en territorios fronterizos colombovenezolanos (CODHES, 2021).
El Secretario General de las Naciones Unidas en el informe “Los niños y el conflicto armado en Colombia”, describe dos situaciones que afectan a niños y adolescentes de origen venezolano. En primer lugar, su exposición en zonas fronterizas (específicamente en Arauca y Norte de Santander) a las actividades de los grupos armados, incluido el reclutamiento y la utilización por parte de estos grupos. En segundo lugar, escenarios de homicidio y mutilación en el contexto de su utilización: “en septiembre de 2018, en el departamento de Arauca, tres menores venezolanos, que estaban siendo utilizados por los disidentes de las FARC-EP para llevarles alimentos, murieron cuando el campamento de ese grupo disidente fue bombardeado por las fuerzas armadas nacionales” (Codhes, 2021, p. 8). Según información levantada en campo, los jóvenes reclutados por las estructuras y bandas criminales pueden llegar a recibir una remuneración de entre un millón y un millón quinientos mil pesos colombianos (263 a 394 dólares estadounidenses, aproximadamente).
Conclusiones
1. La frontera colombo-venezolana es una zona donde se han registrado al menos tres tipos de movimientos transfronterizos en los últimos cinco años: el primero, uno de migración de retorno de migrantes colombianos que estaban establecidos en Venezuela y que tuvo su mayor auge entre 2015 y 2016. Este movimiento se debió a razones económicas, principalmente, y tras el retorno a su país de origen, posteriormente decidieron volver al país petrolero debido al alto costo de la vida en Colombia. El segundo, uno referido a la movilidad pendular, el cual alude al movimiento habitual de personas entre un país y otro por cortos períodos de tiempo. Suele darse por razones de trabajo, estudios, adquisición de productos o parentesco. Por último, el fenómeno de emigración de personas venezolanas a territorio colombiano, flujo que tuvo su pico más alto entre 2015 y 2016, de las cuales actualmente residen entre 40 y 50 mil en el municipio de Villa del Rosario.
2. La frontera colombo-venezolana se trata de un territorio altamente peligroso, donde decenas de estructuras del crimen organizado de origen colombiano, principalmente, han impuesto un régimen de violencia a las comunidades fronterizas y las poblaciones migrantes, quienes se encuentran en medio de distintas disputas de grupos armados enfrentados por el control de las rentas ilegales, el contrabando, el tráfico de armas y la cadena del narcotráfico
3. Si bien la criminalidad en la zona fronteriza ha mutado en los últimos años a una de tipo colombo-venezolana a causa de los flujos migratorios venezolanos hacia territorio colombiano, la violencia armada que actualmente se registran en el departamento de Norte de Santander puede y debe entenderse principalmente a la luz de la guerra interna que vive Colombia desde mediados de siglo XX, la cual devino en la conformación de una amplia y diversa gama de actores armados que, aún después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, tienen presencia y operan en amplios territorios de la geografía colombiana. Es importante señalar que durante el gobierno del presidente Iván Duque la violencia ejercida contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz se ha exacerbado, tal como alerta la Misión de las Naciones Unidas establecida en ese país.
4. La población venezolana ubicada en Norte de Santander, específicamente en el barrio La Parada, enfrenta una grave situación humanitaria y de seguridad a causa de las precarias condiciones socioeconómicas por ausencia de asistencia gubernamental y la violencia armada dominante en el sector. Además de encontrarse en situación de hacinamiento, vulnerabilidad laboral y desempleo, muchas de estas personas son víctimas por la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento masivo por parte de estructuras y organizaciones criminales y los asesinatos selectivos. El dramático cuadro es acompañado de la falta de asesoría, orientación y apoyo por parte de las oficinas consulares de Venezuela en ese país, las cuales cesaron sus funciones debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países en agosto de 2019.
5. Desde hace décadas Venezuela ha sufrido directamente las consecuencias del desbordamiento de la violencia armada en Colombia hacia los corredores fronterizos entre ambos países, territorios a los que se han movilizado grupos armados para guarecerse de las autoridades estatales, hacerse con el control de las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico y de las economías ilegales. Estas dinámicas han afectado, principalmente, a las comunidades fronterizas y a las poblaciones migrantes establecidas en estos territorios, las que también enfrentan una situación de vulnerabilidad debido a la ausencia de autoridades gubernamentales que velen por la seguridad ciudadana y la solución de su situación jurídica.
6. La violencia armada en Colombia dejó más de 235 mil víctimas fatales entre 1958 y 2020, bajo las modalidades de asesinato selectivo, la desaparición forzada, las acciones bélicas, los secuestros, el daño a bienes civiles, el reclutamiento de menores, la violencia sexual, las minas antipersonales, las masacres y el ataque a poblaciones y atentados terroristas (Anadolu Agency, 2020). Todos los actores que han estado involucrados en el conflicto armado han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra, ya sea para obligarla a transferir o a mantener sus lealtades y a servir como proveedora de recursos. Los civiles han sido las principales víctimas de la violencia en el país neogranadino, y la violencia el principal recurso empleado por los actores armados. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica:
Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de acumular fuerzas. La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto. Para los victimarios, poco importa si ese respaldo es consentido o forzado (CNMH, 2013, p. 38).
En este contexto, la población migrante en territorio colombiano no está exenta de la violencia armada y ha resultado también víctima de la guerra interna, dado que, a su arribo, se instala en territorios que han contado históricamente con presencia de actores armados, como lo son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira y Nariño (El Espectador, 2020).
[1] Término empleado por un informante clave.
[2] Un estudio de la Organización Sures revela que la gran mayoría de la reciente emigración venezolana se da en condiciones irregulares, esto es, sin pasaporte o algún documento de identidad válido en el extranjero. Tras aplicar un instrumento a 266 migrantes retornados alojados en centros de atención sanitaria del estado Bolivariano de Miranda, los resultados arrojaron que el 85,3% de estas personas no utilizó pasaporte para ingresar al país de destino. Disponible en: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2021/02/ESTUDIO-SOBRE-LA-CARACTERIZACION-1.pdf
[3] Los maleteros suelen abordar a las personas que llegan en taxis al lugar en la búsqueda de posibles clientes y emprenden la “persecución” de éstos hasta el lugar de descargue.
[4] Según Migración Colombia, Norte de Santander es el segundo departamento con mayor concentración de personas venezolanas, superado solo por Bogotá D.C, donde residen unas 340.711 personas.
Referencias
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