Por Giordana García Sojo
Las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro y mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan no solamente al Gobierno venezolano, sino especialmente a la población civil. Son medidas sustentadas en una lógica conductista, basada en la idea de “máxima presión” y castigo mediante el dolor y la asfixia, en una dinámica que reproduce prácticas de tortura, acrecentadas en el contexto de calamidad mundial que ha significado la pandemia de COVID-19.
El nombre correcto del régimen sancionatorio estadounidense es Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), pues éstas son parte de una política diplomática de coerción, donde un Estado ‒en este caso EE.UU.‒ asume arbitraria y unilateralmente el rol de castigador en materia económica y financiera de otros países, reproduciendo una relación colonial y beligerante, y desconociendo la cooperación y la convivencia internacional estipulada en la Carta de Naciones Unidas.
Las MCU ha sido implementadas desde los siglos XIX y XX, pero fue al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez estipulado un acuerdo mundial de supuesta paz a través de la creación de Naciones Unidas, cuando los Gobiernos de EE.UU. comenzaron a implementar de manera agresiva y sistemática la diplomacia coercitiva y la aplicación de paquetes de MCU para doblegar la voluntad de Gobiernos no alineados a sus dictámenes. Las sanciones han sido por más de siete décadas una receta central de la política exterior estadounidense.
Al finalizar la Guerra Fría, comenzó a formarse un escenario tendiente a la multipolaridad, donde la primacía y hegemonía estadounidense ha venido perdiendo cada vez más peso, al lado del creciente liderazgo de China, el reposicionamiento de Rusia, la dirección emergente de la India, Sudáfrica, Turquía e Irán, entre otros Estados, mientras, Europa y sus alianzas se debilitan paulatinamente.
En este contexto, las administraciones de EE.UU. han reforzado su política sancionatoria, en una escalada cada vez más alarmante e ilegal. Al respecto, el asesor de la Casa Blanca, Richard Nephew, escribió el texto El arte de las sanciones: una mirada desde el terreno (2017), donde expone cómo se diseña actualmente el paquete de MCU a partir del estudio exhaustivo del país a sancionar, sus valores y puntos vulnerables, para, en palabras de Nephew, “generar sufrimiento y dolor para que el blanco de estas medidas cambie su conducta”. A partir de la experiencia de Irán y el esquema de sanciones infligido a esta nación entre 1996 y 2015, el autor hace gala de cómo las sanciones logran desarrollar un estadio de malestar general en la sociedad, que agobie de tal manera que el país sancionado tenga que ceder y rendirse ante el sancionador.[1]
Caso Venezuela
Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en las elecciones de 1998, ha sido patente, persistente y multifactorial la escalada de ataques de los Gobiernos estadounidenses. Desde 2005 el Gobierno de EE.UU. comenzó a aplicar algunas MCU a Venezuela. Sin embargo, sabemos que también financió golpes de Estado, paros empresariales y mecanismos de desestabilización de todo cuño. En 2014, recién electo Nicolás Maduro presidente, cuando comenzó a aplicarse al país un sistema de MCU de amplio espectro.
A la fecha, se han emitido más de 540 sanciones contra Venezuela en los últimos 7 años. Estados Unidos lidera la embestida con más de 300 sanciones, seguida por Canadá con 113, la Unión Europea con 93 y Suiza con 36, en un sistema sancionatorio complejo que incluyen leyes, decretos, informes, riesgo país, cierre de rutas comerciales, amenazas a Estados, ciudadanos, empresas, etc.[2]
En 2014, el Congreso de EE.UU. publica la Ley 113-278, que supuestamente se refería a la protección de los derechos humanos de los grupos de choque desplegados en la estrategia de protestas violentas que llamaron ”La Salida” pero que en realidad ya comenzaba a atacar al país desde el ámbito económico, prohibiendo a la ciudadanía estadounidense todo tipo de transacción financiera con el Estado venezolano, y estipulando sanciones a quienes violases dicha ley.
A partir de entonces se han dictado siete (07) Órdenes Ejecutivas contra Venezuela, comenzado por la famosa orden ejecutiva Nº 13692 de 2015, donde bajo la firma de Barak Obama se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se intensifica aún más el sistema coercitivo hacia Venezuela, y en 2017 se dicta la orden ejecutiva Nº 13808 que prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda venezolana, en un claro ejercicio de bloqueo y asfixia a la economía del país. En 2018 continuó la escalada de decretos presidenciales, con tres órdenes ejecutivas en seguidilla: contra la criptomoneda Petro, contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela y contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela. En 2019, en sintonía con el plan desestabilizador basado en la simulación y reconocimiento de un gobierno paralelo, Tump firma las órdenes de bloqueo de los activos de PDVSA (CITGO) en Estados Unidos. Esto último nada más llevó a una pérdida de 5.2 mil millones de dólares en activos netos de la nación.
Las órdenes ejecutivas desplegaron el marco para el desarrollo de paquetes de sanciones financieras y comerciales complejas, que abarcan 28 licencias generales vigentes y 2 leyes públicas aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, 173 individuos, 56 aeronaves, 65 embarcaciones, 161 empresas o entidades (públicas y privadas) sancionados, todo esto en tan solo 7 años. En mayo de 2019, liderada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio se aprueba en el Senado la llamada “Ley Verdad”, que promueve más medidas sancionatorias contra Venezuela y, posteriormente, ya durante el gobierno de Biden, el senado aprobó la que llamaron “Ley Bolívar”, que prohíbe a todas las agencias federales de EE.UU. conceder contratos a empresas que tengan cualquier tipo de relación con el gobierno venezolano. Asimismo, recordemos que Biden renovó el decreto de 2015, que considera a Venezuela una amenaza.
Este complejo régimen sancionatorio, por un lado, prohíbe al Gobierno de Venezuela realizar cualquier tipo de transacciones en el sistema financiero mundial, persiguiendo a cualquier corresponsalía bancaria, por pequeña que sea, pública o privada, que preste servicios bancarios a Venezuela, lo que prácticamente ha borrado al país del sistema financiero internacional. Por otro lado, acentúa el golpe a la industria petrolera, principal soporte de la economía venezolana, lo que ha generado una caída dramática en la producción y distribución de crudo, afectando directamente el acceso a divisas para adquirir bienes de primera necesidad, proveer de mantenimiento a los servicios públicos y todo el gasto social característico de los años de Revolución bolivariana.
A contramano del relato instalado por las corporaciones mediáticas, las MCU no solo han generado una crisis económica en el país sino que son violadoras flagrantes de los derechos humanos de la población venezolana. Los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en un informe publicado en 2019 al respecto de las sanciones aplicadas a Venezuela, han dicho que se trata de un sistema de “castigo colectivo hacia la población civil”. Según dicho informe, las MCU han causado más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018,[3] al prohibir las transacciones fundamentales para la adquisición de alimentos y medicinas, lo que se agudiza además en el contexto de la pandemia.
En palabras de Weisbrot y Sachs: “Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos fuera del país”.
Al día de hoy se puede afirmar que el régimen sancionatorio comandado por los Gobiernos de Estados Unidos contra Venezuela, es responsable de: la imposibilidad de adquirir equipos, repuestos y material fundamental para el regular funcionamiento de servicios, como bombas de agua para el suministro nacional, pruebas de VIH, medicamentos de enfermedades complejas, o específicamente la ruptura de convenios de salud para trasplantes que ha afectado la vida de niños y niñas, la imposibilidad de mantener ayudas adecuadas a la población mayor mediante un robusto sistema de pensiones, como lo fue antes de las sanciones, o la dificultad de la población para acceder a la cesta alimentaria, entre otros.
En febrero de 2021, el Informe preliminar de la relatora especial de la ONU en materia de derechos humanos, Alena Douhan, expresó asimismo la gravedad del régimen sancionatorio, en tanto atenta contra la calidad de vida de los venezolanos afectando el acceso a la salud, la alimentación y la educación.[4] Al respecto, cabe acotar que la última medida ilegal de Estados Unidos fue la detención y extradición del enviado especial del Gobierno venezolano, Alex Saab, quien compraba alimentos e insumos médicos de manera directa, como una forma de sortear la muralla financiera levantada contra Venezuela, para abastecer, entre otras políticas, a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o CLAP, esenciales para garantizar la ingesta calórica elemental ante la crisis económica desarrollada en el marco de las sanciones.
Aunado a ello, las sanciones afectan de manera directa la adquisición de los recursos necesarios para atender la agenda climática, tan acuciante en estos tiempos (cuando justamente en unos días se celebrará en Glasgow la COP26 para tratar el tema climático), esto que golpea la investigación y la capacidad de los Estados de atender catástrofes climáticas, manejo de riesgos, además de segregar el acceso a financiamientos para atender la crisis climática global.
El Gobierno venezolano ha calificado al régimen sancionatorio como un “un crimen de lesa humanidad” e instado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a investigarlo.
Las MCU en la agenda internacional
Como hemos visto, las MCU tienen una incidencia crucial en el derecho al desarrollo y a la autodeterminación de los pueblos. Su ejecución permanente genera daños de tal magnitud que la economía y las sociedades blanco quedan devastadas, al riesgo de no recuperarse en décadas. No obstante, contra la narrativa del castigo y la tortura económica infligidas para aleccionar y cambiar direcciones políticas, se consolida a su vez la narrativa de la resistencia y la persistencia de sistemas de ideas y gobiernos no alineados.
Venezuela en ese sentido comienza un proceso de recuperación heroico, donde el continuo llamado al diálogo y al debate político ha sido el principal instrumento del Gobierno. Todo apunta a que las elecciones en ciernes, el 21 de noviembre, se darán en un ambiente calmo, con participación de todas las alas de la oposición, incluso las más extremistas, y con las veedurías de actores internacionales que antes se negaban a participar como parte de las medidas de presión política implementadas hasta la fecha.
Como colofón, hay que recalcar la importancia de hacer frente conjunto a este tipo de prácticas coercitivas, pues atentan contra lo estipulado en la Carta de Naciones Unidas, como: la solución pacífica de las controversias, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y la no intervención en asuntos internos de otros Estados. En el artículo 32 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General se establece que ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos.
A la fecha, los países de todos los continentes del mundo ‒excepto Oceanía‒ están afectados por este tipo de prácticas ilegales por parte del Estados Unidos: Asia es la región con más MCU (9 países), seguida por África (4 países), Europa y Eurasia (2 países) y América Latina y el Caribe (3 países). Sin embargo, también está visto que la coerción como medida de fuerza no da los resultados esperados por el agresor, en tanto también ha significado el fortalecimiento del sentido de resistencia y unidad entre los afectados que abogan por la consolidación de una vía multipolar de cooperación y convivencia.
Referencias
[1] Daymar Martes (2021). “Una mirada al régimen de sanciones extorsivas contra Venezuela desde Richard Nephew. Estudio de caso”. Sures. Disponible en: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2021/07/Una-mirada-al-regimen-de-sanciones-extorsivas-contra-Venezuela-desde-Richard-Nephew.-Estudio-de-caso.pdf
[2] Ver: Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales. Disponible en: https://observatorio.gob.ve/sistema-informacion-estadistico-antibloqueo/
[3] Ver: Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs (2019). Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela. Disponible en: https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf
[4] Alena Douhan (2021). Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales en Venezuela. Disponible en: https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2021/08/Informe-de-Relatora-Especial-de-la-ONU-Alena-Douhan-1.pdf