Consecuencias humanitarias de la coerción. Caso Irak

Por Daymar Martes

El empleo de medidas coercitivas para coaccionar a un Estado o individuo es de vieja data. Las referencias más antiguas pueden rastrearse hasta la época clásica. No obstante, no fue sino en el período entre guerras, durante el siglo XX, que la aplicación de estas herramientas adquirió relevancia, siendo que los fundadores de la Liga de las Naciones vieron en la “coerción pacífica” una manera de doblegar a las naciones “recalcitrantes” (Portilla, 2005). En 1919, Woodrow Wilson dijo:

Una nación boicoteada es una nación que está a la vista de la rendición. Aplique este remedio económico, pacífico, saludable y mortal y no será necesario por la fuerza. Es un remedio terrible: no cuesta una vida fuera de la nación boicoteada, pero ejerce una presión sobre la nación que, a mi juicio, ninguna nación podría resistir (citado en Portilla, pp. 372-373).

Así, en el artículo XVI del Pacto de la Liga de las Naciones, el organismo contempló que, en caso de que cualquier Estado miembro recurriera a la guerra, contraviniendo las obligaciones contraídas por él, de ipso facto sería considerado como habiendo cometido un acto de guerra contra todos los demás miembros de la Liga, los que se comprometerían a romper

todas las relaciones comerciales y financieras, a prohibir toda comunica­ción entre sus nacionales y los nacionales del Estado en ruptura de pacto y a hacer cesar todas las relaciones financieras comerciales o personales entre los nacionales del Estado en ruptura de pacto y los de todo otro Estado, miembro o no de la Liga (Dipublico, 2011).

En agosto de 1990, de conformidad con el capítulo VII de la Carta, el Consejo de Seguridad impuso un duro régimen de sanciones contra Irak por la negativa iraquí de retirar sus tropas de Kuwait[1], el cual incluía el libre comercio, las negociaciones financieras, los vuelos y la importación de todo tipo de mercancías al país, excepto los alimentos y las medicinas (El Mundo, 2003). Tales medidas duraron trece años, de 1990 a 2003, y tuvieron un alto costo humano en la población civil. En palabras de Portilla:

Los sobrevivientes [iraquíes] han tenido que soportar casi tres décadas de aislamiento político, económico y social del resto del mundo. El único crimen del pueblo iraquí ha sido estar sometidos a un cruel e irresponsable tirano y por si esto fuera poco, han sido duramente castigados por el régimen de sanciones impulsado por Estados Unidos de América e impuesto por las Naciones Unidas. Antes de 1990, Irak era un país con una clase media educada, un fuerte tejido social y un gran sentido de dignidad. La guerra y las sanciones acabaron con esto convirtiéndolo en un país sin futuro, empobrecido y caótico (2005, p. 402).

Para 1996 se estimaba que más de 500 mil niños menores de cinco años habían fallecido a causa de las medidas coercitivas, impuestas, en lo declarativo, para impedir el desarrollo de armamento nuclear. En una entrevista en mayo de ese año, Madeleine Albright, la entonces representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, aseguró que el precio valía la pena (Despertando La Conciencia, 2018).

Denis Halliday, quien fue coordinador humanitario de las Naciones Unidas en Irak, calificó el régimen sancionatorio de genocidio. Vio de primera mano sus efectos humanitarios sobre la población. Denunció la muerte mensual de entre 5.000 y 6.000 niños, citando las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y encontró como principales causas directas de la elevada mortalidad la mala salud de las madres, el colapso de los servicios de salud, la alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua y la falta de energía del sistema hídrico del país. “Las víctimas son civiles inocentes. Existe una trágica incompatibilidad [de las sanciones] con la Carta de la ONU, las convenciones sobre derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”, denunció en 1998 (Inter Press Service, 1998).

Las sanciones impuestas contra Irak fueron amplias e indefinidas. Tras una revisión de documentos clasificados de las Naciones Unidas, la investigadora Joy Gordon concluyó que Estados Unidos luchó agresivamente durante toda una década para impedir el ingreso al país de bienes humanitarios, a sabiendas del enorme sufrimiento humano al que estaba siendo sometida la población. Desde agosto de 1991 Washington bloqueó la mayoría de las comprar de materiales necesarios para que Irak generase electricidad, así como equipos para radio, teléfonos y otras comunicaciones. También bloqueó contratos de agua, saneamiento y salud, y la adquisición de equipos de diálisis, odontológico, de extinción de incendios, cisternas de agua, equipos de producción de leche y yogur y equipos de impresión para escuelas (2002).

Gordon señala que Hussein fue bien conocido por sus abusos de los derechos humanos con los kurdos y los chiitas, sin embargo, poco o nada se dijo de la inversión social de su gobierno en programas de salud y educación previo a 1990. Antes de la Guerra del Golfo, “Irak era un país en rápido desarrollo, con educación gratuita, abundante electricidad, agricultura modernizada y una sólida clase media”. Según datos de la OMS, “el 93 por ciento de la población tenía acceso a la atención médica” (2002).

La afectación del sistema de agua del país se trató de una acción premeditada de Estados Unidos. Antes de 1990, el 95 por ciento de los hogares urbanos tenían acceso a agua potable, al igual que las tres cuartas partes de los hogares rurales. A poco tiempo de la implementación de las sanciones, hubo brotes generalizados de cólera, tifoidea, aumento masivo de la disentería infantil y aumento de la tasa de mortalidad infantil. Y entre 1990 y 1996, más de la mitad de los empleados involucrados en el agua y saneamiento dejaron sus trabajos. La acción fue intencional: en enero de 1991, la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono proyectó que, bajo el embargo económico-comercial, “la capacidad de Irak para proporcionar agua potable colapsaría en seis meses” (2002).

Sirva el caso de Irak para reiterar que las medidas coercitivas impuestas contra un Estado, ya sean consensuadas o unilaterales, suponen una vulneración de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, a la integridad, al respeto y al desarrollo. Son instrumentos aplicados conscientemente por las potencias de turno para subordinar a otros Estados a sus intereses geopolíticos, mediante el estrangulamiento de las economías internas, la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, el daño reputacional y el aislamiento financiero y comercial del país dentro del sistema interestatal.   

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Notas

[1] Todas las resoluciones disponibles en: https://core.ac.uk/download/pdf/39007602.pdf

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Referencias

Despertando La Conciencia (17 de noviembre de 2018). Madeleine Albright 500 mil niños iraquíes muertos [Archivo de video] Yotube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=30uPYYwG64A

Dipublico (2011). “Pacto de la Sociedad de Naciones”. Disponible en: https://www.dipublico.org/3485/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/

El Mundo (2003). “Las sanciones de la ONU sobre Irak”. 08 de mayo. Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/08/internacional/1052418796.html

Gordon, Joy (2002). “Cool War: Economic Sanctions as a Weapon of Mass Destruction”. Harper’s Magazine. Disponible en: https://www.wesjones.com/gordon1.htm

ONU: “Carta de las Naciones Unidas”, 26 de junio de 1945. Disponible en: http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html

Portilla, Juan Manuel (2021). “Naturaleza jurídica y contenido actual de las sanciones económicas. El caso de Irak”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, [S.l.], jan. 2005. ISSN 2448-7872. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.ph/derecho-internacional/article/view/124/188